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Ninguno de los afectados por la expropiación forzosa de 13
parcelas ubicadas en el terreno donde se construirá la nueva
cárcel de Ceuta ha aceptado las indemnizaciones que se les
ofrece por parte de la SIEP, que o bien ha abonado el
importe, un 25%, mediante cheque o lo ha consignado en la
caja general de depósito.
La Administración General del Estado ha adelantado un 25% de
las indemnizaciones por la expropiación de 13 parcelas
ubicadas en los terrenos donde se construirá la nueva
prisión de Ceuta, cuyo suelo, calificado como rústico de
secano, se ha valorado en 3,26 euros el metro cuadrado. Esta
valoración, que según señalan desde la Delegación del
Gobierno, no ha sido aceptada por ninguno de los afectados,
corresponde sólo a la superficie de las parcelas, sin contar
las edificaciones, arbolado y otros elementos a valorar.
Las reuniones con los expropiados, empresas y particulares,
comenzaron el pasado martes y terminaron en la mañana de
ayer y tan sólo en el caso de la Ciudad, titular de una
parcela de cerca de 20.000 metros cuadrados, se procedió al
cobro de la indemnización en forma de cheque. El resto de
las compensaciones dinerarias se consignaron a cuenta de los
interesados mediante depósito en la caja general. Los
afectados pueden recurrir al jurado provincial de
expropiación en caso de no estar conformes con el precio
calculado por la administración.
Este es el último trámite necesario para llevar a cabo la
ocupación efectiva de las parcelas, al menos en los casos en
los que no existan inquilinos u ocupantes que se nieguen a
desalojarlas, algo que desde la administración central
reconocen que puede suceder con algunos de los terrenos. En
este caso, habría que iniciar un procedimiento judicial para
que sea un juez quien, de ser necesario, autorice los
desalojos forzosos.
Entre tanto, la empresa adjudicataria del movimiento de
tierras, la Unión Temporal de Empresas formada por
Construcciones y desmontes Ribera Navarra, y Compactaciones
y Nivelaciones Pardo, trabaja, según informaron desde la
jefatura de obra, en la retirada de árboles, principalmente,
eucaliptos y el desbroce de parte de los terrenos. Tal como
se especificó desde la Delegación, la parcela sobre la que
se está actuando es una que Defensa vendió ya a la promotora
del proyecto, la Sociedad Estatal de Infraestructuras
Penitenciarias.
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