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El portavoz de la Ciudad Autónoma de Melilla, Daniel Conesa,
consideró ayer que si la Delegación del Gobierno no publica
la lista de personas contratadas en los planes de empleo es
porque no tiene “voluntad política”, habida cuenta que en
Ceuta se lleva publicando desde hace dos años y el
procedimiento administrativo que el Ministerio de Trabajo e
Inmigración sigue en ambas ciudades “es el mismo”. Instó a
que la Delegación de Melilla explique públicamente las
razones sobre la ausencia de dicha voluntad.
A preguntas de los periodistas, Conesa dijo no creer las
excusas del director provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal (SPEE), Joaquín Arana, para no publicar las
listas de beneficiarios de “unos empleos públicos pagados
por dinero público”, a pesar de que en Ceuta sí se realiza
para garantizar una mayor transparencia del proceso de
contratación.
Arana explicó días atrás que en Melilla no se difundía el
listado para no incumplir la Ley de Protección de Datos, al
tiempo que afirmó que existe un “consenso unánime” en el
Comité Ejecutivo Provincial del SPEE, integrado por
Administración, agentes sociales y económicos, para no hacer
pública la lista.
En opinión de Conesa, las justificaciones de Arana son “una
mera maniobra de despiste” porque “no da ninguna explicación
de por qué no se publican las listas de personas
seleccionadas en Melilla, y en Ceuta, en cambio, sí”, a
pesar de que el procedimiento de contratación “es el mismo”
para ambas ciudades.
Además, se preguntó si con esas manifestaciones, Arana
estaba acusando al delegado del Gobierno de Ceuta y
ex-delegado de Melilla, José Fernández Chacón, de incumplir
la Ley de Protección de Datos.
También puso en duda que haya consenso para no publicar la
lista de contratados, al recordar que el sindicato CCOO hace
un año era partidaria de dar publicidad a las personas
beneficiarias, aunque “actualmente no sé cuál es su
posición”.
En cualquier caso, Conesa insistió en que la publicación de
los beneficiarios es posible en cuanto a la oferta
nominativa de los planes de empleo, no así en el caso de la
oferta nominativa, relativa al cupo de puestos reservados
para personas que se encuentran en riesgo de exclusión
social, entre ellas víctimas de violencia machista, jóvenes
tutelados o personas en rehabilitación de la
drogodependencia, ya que estas identidades “sí hay que
protegerlas”.
Para demostrarlo, el portavoz recordó que la Ciudad Autónoma
lleva dos años publicando tanto en su Boletín Oficial (BOME)
como en los medios de comunicación locales la lista de
personas contratadas en sus planes de empleo en la oferta
genérica “y no me parece que haya pasado nada”.
“Les invito a que hagan lo mismo”, concluyó Conesa, que
lamentó una vez más que el SPEE haya decidido “dejar al
margen” del proceso de planes de empleo a la Ciudad
Autónoma, a pesar de que ambas administraciones venían
colaborando tradicionalmente en este apartado.
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