El proyecto de construcción de la
nueva cárcel de la ciudad autónoma, que avanza por el
momento según todos los plazos previstos, supone un nuevo
revulsivo para la economía local. Se trata de una inversión
de similar calado a la ejecutada con la construcción del
nuevo Hospital Universitario. En el caso de la prisión y del
centro de inserción social con el que se complementará, el
presupuesto comprometido hasta la fecha, tanto en obras ya
licitadas como en otra que están en proceso de adjudicación,
ronda los 100 millones de euros, con lo que sólo en Ipsi
recaudado por la Ciudad Autónoma, los ingresos podrían
superar los 7 millones. A esto habrá que añadir el empleo
generado durante la realización de las obras de construcción
del complejo, así como, una vez abierto, la creación de
nuevos puestos de trabajo y la generación de negocio y, por
tanto, previsiblemente, de empleo, que podría conllevar.
En momentos de crisis como la actual, este tipo de proyectos
resulta, en suma, de gran interés para una ciudad que, como
Ceuta, tiene limitadas sus posibilidades de desarrollo tanto
por las características de una economía eminentemente de
servicios como por el peso de sus limitaciones de superficie
y la complejidad de su peculiar administración, tan singular
en el Estado de las autonomías. El alto índice de paro que
sufre la ciudad y otros lastres que arrastra la economía
local no han sido óbice para que, en los últimos años, se
haya avanzado mucho en la convergencia con la renta media
del país, pero ese caudal acumulado podría echarse a perder,
al menos en parte, arrastrado por la difícil situación que
atraviesa la economía nacional y mundial. De ahí que el
papel de las administraciones públicas, en el caso que nos
ocupa, de la Administración General del Estado, sea
fundamental. Hay que destacar el hecho de que el ritmo, aun
tratándose de una actuación de gran envergadura, va según
las previsiones marcadas. Ahora sólo cabe confiar en que
seguirá siendo así y los frutos puedan ir recogiéndose en
los próximos años.
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