Este acuerdo, que se desarrollará a lo largo de los próximos
tres años y que se enmarca en el diálogo social, incorpora
50 medidas para el incremento de la calidad y eficacia de
los servicios públicos, la reforma y modernización de la
Administración, la mejora de las condiciones de trabajo, la
profesionalización y la productividad de los empleados
públicos, el mantenimiento del poder adquisitivo de los
funcionarios, y la garantía y buen ejercicio de los derechos
sindicales.
Uno de los principales objetivos de este acuerdo es la
modernización y reforma de la Administración.
Para ello, además de continuar el desarrollo del Estatuto
Básico del Empleado Público, se elaborará una Ley de Función
Pública con el fin de empezar su tramitación como Proyecto
de Ley en septiembre de 2010.
También se creará un Observatorio del Empleo Público
encargado de realizar un diagnóstico que permita
redimensionar las plantillas, establecer los criterios de
calidad y eficiencia y el estudio de las necesidades de
incorporación de nuevas categorías profesionales ahí donde
sea necesario.
En este mismo sentido, se elaborará un Plan de Ordenación de
Recursos Humanos con el objetivo de mejorar los servicios y
la utilización racional y eficiente de los recursos tanto
materiales como tecnológicos y personales.
El Gobierno garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo
de los funcionarios. Para ello, se ha establecido una subida
salarial del 0,3% en 2010 y se ha acordado, por primera vez
en la Administración del Estado, una cláusula de revisión
salarial por la que el Gobierno se compromete a compensar en
2012 la pérdida del poder adquisitivo que pudiera producirse
hasta esa fecha.
Asimismo, para impulsar una Administración de calidad y
eficaz, Gobierno y sindicatos, han acordado culminar el
desarrollo de la Ley de Acceso electrónico de los ciudadanos
a los Servicios Públicos aprobada en junio de 2007. Para
ello, se aprobará el Real Decreto que desarrolla la ley y se
impulsará un Plan General de Formación en Administración
Electrónica.
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