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Con recursos finitos no se puede prestar una asistencia
ilimitada. Ha sido el argumento de los gobiernos durante dos
décadas para reducir algunas de las prestaciones sanitarias
que los ciudadanos recibían de la Seguridad Social. Y, sobre
todo, ha constituido un presupuesto muy sólido para avalar
las medidas de ahorro farmacéutico que administraciones
estatales y autonómicas han presentado bajo el disfraz de
distintas normativas sobre “uso racional de los
medicamentos”.
Los primeros en oponerse a estas políticas que iniciaron los
últimos gobiernos de Felipe González fueron los propios
colegios de médicos, que veían en estas medidas una amenaza
a la, por ellos, tan valorada libertad de prescripción. Hoy
las posturas están divididas, y los posicionamientos a
menudo dependen de cuál medida de uso racional se aplique y,
sobre todo, qué contraprestaciones reciba del sistema el
médico prescriptor.
Los médicos del Ingesa, como los ceutíes que trabajan en el
sistema público, reciben interesantes incentivos económicos
ligados a todos aquellos aspectos que repercutan en el gasto
farmacéutico.
Así, se encuentra incentivada económicamente la prescripción
de medicamentos genéricos, lo mismo que la dispensación de
aquellos que sean más baratos que otros aun poseyendo las
mismas propiedades terapéuticas. Idéntica contraprestación
adquiere el “gasto evitable en lo que no sea necesario”. Y,
lo que resulta más polémico, el número de recetas por
paciente. Es decir, que cuanto menos se receta, más mejora
el sueldo de los médicos de Atención Primaria.
Galenos consultados por este periódico pero que prefieren
mantenerse en el anonimato reconocen lo difícil que les
resulta reducir su factura farmacéutica en una ciudad como
Ceuta, cuyo sistema sanitario, además de atender a los
ceutíes, tiene que hacer frente a una ingente demanda de
asistencia médica por parte de la población migrante del
importante hintherland de la ciudad.
Ahorrar con la misma calidad
Para el responsable de Sanidad de la Unión General de
Trabajadores (UGT) en Ceuta, Juan Carlos López Fontalba, se
está de acuerdo en ahorrar en gasto farmacéutico “siempre
que no repercuta en una merma de la calidad de la asistencia
que se presta al paciente”,
Un argumento resbaladizo si lo que se premia de forma
pecuniaria es recetar menos. El sindicalista de UGT, no
obstante, relativiza este riesgo. “Haciendo un uso racional
del poder de prescribir se puede disminuir el número de
recetas emitidas sin que ello conlleve perjuicio para el
paciente”, apostilla López Fontalba.
El importe del incentivo por ahorrar en gasto farmacéutico
responde a un complejo baremo que se encuentra ligado al
cumplimiento de objetivos. Ninguna de las fuentes médicas ni
sindicales consultadas por este periódico quiso especificar
las cuantías en las que se mueven estos criterios de
baremación.
El Ingesa ha informado esta misma semana de los porcentajes
de crecimiento del gasto farmacéutico en el conjunto del
Sistema Nacional de Salud. Un incremento en agosto de un
5,09 por ciento respecto al mismo mes de 2008, lo que arroja
un aumento interanual del 4,78. Unos guarismos que, según la
misma autoridad sanitaria, confirman la tendencia a la
moderación del gasto.
Los defensores a ultranza de las medidas de ahorro creen que
estas son más necesarias, si cabe, en ciudades como Ceuta,
donde las peculiaridades demográficas anteriormente
expuestas hacen que el gasto en esta partida sea siempre
superior a la media nacional.
Otros médicos utilizan estas peculiaridades para justificar
precisamente el argumento contrario. Si se debe atender a
una población manifiestamente superior a la censada resulta
mucho más complicado conseguir los incentivos salariales
disminuyendo el número de recetas emitidas por cada galeno.
Un debate sin consenso.
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El debate sobre el gasto en farmacia
