CEUTA.- La magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid,
María Tardón, llegará mañana a la ciudad autónoma para
intervenir en las I Jornadas sobre Violencia Familiar en las
que versará sobre el maltrato habitual en el seno de la
pareja, y a su entender, sería necesario el endurecimiento
de las penas para los casos de falso testimonio que dan un
mal uso a la Ley Integral de la Violencia de Género. Pese a
la aprobación del Plan de Modernización de la Justicia, en
el que Tardón no confía plenamente ya que sigue pensando que
“la Justicia es la Cenicienta de las Administraciones
Públicas, la jueza cree necesaria la puesta en marcha de más
instrumentos para prevenir la violencia de género.
Pregunta.- ¿Qué va a exponer en las I Jornadas sobre
Violencia Familiar?
Respuesta.- Mi ponencia versará sobre el maltrato habitual
dentro de la pareja, que es uno de los delitos primeros
delitos establecidos en el Código Penal como consecuencia
del entendimiento de que la violencia de género se produce
en el seno de la familia de una manera continuada, en la que
se reiteran los episodios de agresión con otros en los que
el agresor va convenciendo a su víctima de perdonarle porque
la quiere mucho y no lo va a volver hacer.
P.- Entonces, ¿el despliegue de oficinas de atención a
las víctimas incluido en el Plan de Modernización de la
Justicia podría ser un salvavidas en muchos casos?
R.- Sí porque realmente una de las principales carencias que
en este momento tiene la lucha contra la violencia de género
es que no se han puesto en marcha todos los recursos, se han
movilizado muchos en todas las Administraciones pero no se
han desplegado ni desarrollado las previsiones que tenían
las distintas leyes, fundamentalmente, la Ley Integral
contra la Violencia de Género. El hecho de que se pongan en
marcha más recursos que tiendan a incrementar la seguridad
de las víctimas es muy importante.
P.- Ya se ha suscitado el debate sobre una posible
reforma de la Ley Integral motivada por denuncias falsas o
la retirada de la acusación, ¿cree que se utiliza como un
arma de doble filo?
R.- Creo que no porque las denuncias falsas han existido,
existen y existirán siempre en el proceso penal. Los que
estamos viendo es que han sido miles los procedimientos
penales que han pasado por nuestro tribunal y en dos
ocasiones hemos llegado a deducir testimonio por si la
conducta de la mujer estuviese afectada. Creo que hay mucha
exageración sobre las denuncias falsas, que las hay y son
peligrosas porque muchas personas se someten a
procedimientos judiciales e incluso sufren una detención
delante de sus hijos. Sí que habría que modificar las penas
relativas por falso testimonio.
P.- Para estos asuntos sería necesario un juzgado
especifico del cual carece la ciudad autónoma, ¿lo cree
indispensable?
R.- En toda España hablamos de 458 juzgados de violencia
sobre la mujer y que, probablemente, no llegue ni al
centenar los que tengan carácter exclusivo con lo cual deben
compatibilizar la carga de un voluminoso número de asuntos
de especial sensibilidad con otros de ámbito penal.
P.- Y el hecho de que Ceuta sea una ciudad
transfronteriza y de paso para muchas marroquíes que
denuncian malos tratos, ¿incrementa esa necesidad?
R.- Habría que hacer un estudio de necesidades pero sí creo
que si no hay suficiente carga de trabajo para crear un
juzgado de violencia sobre la mujer en un partido judicial
determinado, si debería haber agrupaciones territoriales de
partidos judiciales que dependan de dicho juzgado. Igual
Ceuta, por la localización geográfica que tiene, no podría
sujetarse a esta situación y un órgano específico permite
una mayor cualificación de los profesionales que lo atienden
y una mejor coordinación ante todos los que tienen que
actuar en el esclarecimiento de los hechos y la protección y
seguridad de las víctimas.
P.- La violencia de género, por desgracia, tiene lugar en
cualquier rincón del mundo, ¿cree necesaria la protección
internacional a través del derecho para las víctimas?
R.- Realmente es algo que está en puntillas pero creo que la
cooperación judicial penal es importante porque si una
víctima está en situación de riesgo y la movilidad de las
personas es transnacional, lo antes posible habrá que
plantearse que la protección sea internacional en los
distintos países.
P.- En otro orden de asuntos, parece ser que el
Ministerio ha atendido vuestra demanda de mayor número de
plazas de jueces y fiscales y viene recogida en el Plan de
Modernización, ¿el detonante fue la huelga?
R.- Absolutamente todos los jueces y magistrados de este
país estamos convencidos de que la Justicia es la Cenicienta
de las Administraciones Públicas. Estos días estamos
asistiendo a una cierta imputación de gasto público excesivo
pero resulta que nuestra Administración, necesitada desde
hace muchos años con un alto nivel de asuntos y sobrecarga
de trabajo, ha sido la única que ha reducido el número de
funcionarios respecto a las anteriores legislaturas. La
seguridad jurídica pasa por una Administración que funcione.
P.- Los reportajes televisivos sobre los órganos
judiciales españoles han estado a la orden del día durante
este año, ¿es exagerado o las imágenes tienen vida real?
R.- En la Audiencia Provincial de Madrid, la memoria del año
pasado ya ha determinado que tenemos un 60% más de entrada
de procedimientos de los que se pueden racionalizar
adecuadamente. Este año se vuelve a producir un incremento
notable de trabajo; en violencia de género, entramos en
vigor en julio de 2005 y en ese primer semestre incoamos
alrededor de 600 asuntos. Al año siguiente, unos 1.500 y
luego 1.700. Este año, será más, porque se reiteran las
denuncias y seguimos con el mismo número de trabajadores.
P.- A su entender, ¿qué revelan estos datos?
R.- Pues que las víctimas de estos hechos, confiadas en que
hay una legislación que tolera cada vez menos la violencia
de género y una opinión pública más sensibilizada y que se
posiciona firmemente ante cualquier manifestación de
violencia, se animan a denunciar. Esas situaciones de
clandestinidad y visibilidad de la violencia afloran y ahora
vemos en los juzgados y tribunales la incidencia de
denuncias que no ponen las propias víctimas sino familiares,
amigos, vecinos, testigos directos. Esto demuestra que se
denuncia más, no que haya más casos.
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