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La Consejería de Asuntos Sociales
que dirige Carolina Pérez ha anunciado que recogerá el
guante que en forma de propuesta le ha planteado UDCE-IU
para la Sesión Plenaria Ordinaria que se celebrará el
próximo jueves en la Asamblea y que, enmendándola, aceptará
el espíritu de su iniciativa para poner en marcha una Unidad
de Mediación Familiar en la ciudad autónoma.
Demostrando la convicción arraigada en el Ejecutivo local de
que la política social debe ser todo lo amplia que se pueda,
la consejera ha anunciado que promoverá un instrumento que
vaya aún más allá de lo solicitado por el primer grupo de la
oposición, con el que siempre sintoniza en estos asuntos, y
abogará por constituir una Unidad de Apoyo a las Familias
que se encargue de prestar auxilio y asesoramiento de una
forma aún más extensa.
No se trata de un brindis al sol ni de un presupuesto,
cuando se disponga de él, mal invertido. Las políticas de
mediación familiar surgieron en la segunda mitad de los años
70 en los Estados Unidos y con el tiempo han ido
extendiéndose a otros países de nuestro entorno más próximo
y, dentro de España, ya están implantadas y arraigadas con
éxito en otras comunidades como alternativa para intentar
dar una salida extrajudicial al gran número de separaciones
y divorcios, entre otros conflictos de naturaleza familiar,
para que no contribuyan a colapsar aún más el sistema
judicial, entre otros beneficios.
El reto para que tenga éxito pasa porque la Consejería sea
capaz de encontrar o formar a profesionales que asuman sin
deslices el papel de mediadores y porque las parejas y las
familias que acudan voluntariamente al servicio hagan
también un gran esfuerzo para entender las reglas de la
mediación. Será, pues, otro reto de civismo para una ciudad
que con las necesidades primarias cubiertas busca ahora
atender otras, no menos importantes, con herramientas que
deben impulsarse y respaldarse en el tiempo.
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OPINIÓN / EDITORIAL
