Tanto la Sección Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) como
de la Unión General de Trabajadores (UGT) en el Ayuntamiento
creen que, tras la sentencia dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla anulando la edad
límite máxima para aspirar a una plaza de policía local, el
asunto está más claro de cara a la próxima convocatoria en
el cuerpo municipal de Ceuta. En cambio, el viceconsejero de
Recursos Humanos de la Ciudad Autónoma, pese a estar también
a favor, se mostró cauto y recordó que la resolución
judicial no crea jurisprudencia y que habrá que esperar a la
consulta realizada al Estado.
Sentencia en mano, las secciones sindicales de UGT y CCOO en
la Ciudad Autónoma reclamaron ayer que en las bases para la
convocatoria de plazas a la Policía Local –que cuenta con
consignación presupuestaria y se espera para principios del
próximo año– no se establezca ningún límite de edad máximo.
La sentencia considera “ilegal” el límite de 35 años –30 en
Ceuta– fijado en una convocatoria de oposición a la Policía
Local, al tener en cuenta el artículo 56.1 del Estatuto
Básico del Empleado Público (EBEP), que establece “con
rotundidad” que “sólo por Ley podrá establecerse otra edad
máxima, distinta de la jubilación forzosa, para el acceso al
empleo público”.
José Mata, secretario general de Administración Autonómica y
Local de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT
Ceuta, quien ya ha remitido a la Ciudad Autónoma la
sentencia, espera que “cuando se negocien las bases, tanto
la Administración como Comisiones Obreras, apoyen la
propuesta de que no haya límite de edad”.
Por su parte, José Antonio López, delegado de CCOO en la
Policía Local de Ceuta, recordó que fue su sindicato el que
inició la propuesta “por escrito” y que la central sindical
comisionista “está por la labor de que se cumpla lo que dice
el EBEP” y que sean “las pruebas físicas las que marquen la
entrada en el cuerpo municipal”.
En lo que respecta a la Administración, el viceconsejero de
Recursos Humanos de la Ciudad, que se posiciona también a
favor de la propuesta sindical, recordó que la “sentencia no
crea jurisprudencia”.
Por ello, Javier Ángel Díez Nieto se remitió a la legalidad
y explicó que Ceuta no tiene capacidad legislativa y que “la
sentencia no anula la Ley”.
“Vamos a ver los procedimientos legales”, manifestó, a la
espera de que llegue a su departamento la consulta realizada
al respecto al Ministerio de Presidencia, antiguo
Administraciones Públicas.
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