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El Consejo de Ministros aprobño ayer el Plan para la
Modernización de la Justicia mediante el cual, en tres años,
se pretende dar un giro a dicha Administración, aunque la
ciudad autónoma va a tener “grandes dificultades” para su
adaptación debido a la falta de un Palacio de Justicia, la
escasez de plantilla o insuficiencias tecnológicas, tal y
como explicó la secretaria general de Justicia y gestora
procesal en el Juzgado de Violencia de Genero ceutí, María
Victoria Carrero.
“Ceuta tendrá grandes dificultades para adaptarse al Plan de
Modernización de la Justicia a pesar de las múltiples
peticiones que hemos realizado en los últimos años para las
mejoras”. Así valoró María Victoria Carrero, secretaria
general de Justicia de UGT y gestora procesal del Juzgado de
Violencia de Género de Ceuta, el ámbito judicial de la
ciudad autónoma tras conocer el visto bueno del Consejo de
Ministros para la aprobación del Plan para la Modernización
del Sistema de Justicia 2009-2012. Un proyecto ambicioso y
realista de las acciones del propio Ministerio encaminadas a
transformar, en los próximos tres años, el servicio público.
Dicho Plan se estructura en tres grandes políticas:
modernización, protección y transparencia y cooperación, que
se concretan en seis ejes estratégicos articulados a partir
de 24 programas de acción en los que se prevén un total de
147 actuaciones. Y sus objetivos objetivos: lograr un
servicio público de calidad, una justicia profesional y
altamente cualificada, tecnológicamente avanzada, un
servicio orientado a las personas y mayor cooperación
jurídica internacional. Uno de los cambios que en 2012 se
espera es el incremento en un 19% de la Planta judicial y un
aumento de 2.000 plazas de jueces, fiscales y secretarios
judiciales a nivel nacional. Una medida que tendría gran
repercusión en Ceuta debido a “la escasez de plantilla
porque circulan mucho jueces sustitutos y aunque estén
cualificados, no han pasado las oposiciones ni los dos años
de escuela judicial. Esto influye en el ritmo de trabajo y
por eso existe una gran demanda también formulada por los
funcionarios, que esperan la adaptación del titular
suplente. Además, debemos acercarnos a las ratios de otros
países europeos”, argumentó Carrero.
El despliegue de la nueva Oficina Judicial y del Ministerio
Fiscal es otro de los avances del Ministerio de Justicia
aunque un debate polémico en la ciudad autónoma al carecer
de un Palacio de Justicia y sostener la dispersión de todos
los órganos judiciales. “Es bastante grave teniendo en
cuenta que llevamos mucho tiempo esperándolo y para poner en
marcha una Oficina Judicial es necesario. Se trabajará en
unas condiciones muy precarias e incumpliendo por todos los
sitios la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. La
situación es más preocupante todavía si Ceuta estaba
propuesta como experiencia piloto y ni siquiera se tiene un
edificio común”, apostilló la secretaria general de UGT.
Como su propio nombre indica, la era de las nuevas
tecnologías también llegará al Ministerio de Justicia, así,
juzgados y tribunales de toda España trabajarán en red y se
comunicarán en tiempo real gracias a la aplicación
informática Lexnet, que también está dando mucho de qué
hablar. “Por desgracia, las notificaciones seguirán
realizándose en papel y en red porque hemos comenzado más
tarde que en otras ciudades, no tenemos todas las tarjetas
personales y habría que dar más formación al trabajador. Al
no contar con la tecnología precisa en todos los órganos
judiciales, no podemos escanear a gran nivel los procesos y
procedimientos, entonces podremos estar más de un año en
esta doble vía, que generará una situación de inseguridad
entre los funcionarios”, valoró la gestora procesal.
El último hándicap para la integración de Ceuta en este
nuevo Plan sería el despliegue completo e integral de las
oficinas de asistencia a las víctimas derivado de la
inexistencia de un juzgado específico de violencia de
género. “No entiendo por qué no han atendido todavía esta
demanda con datos objetivos de denuncias que se dan,
contando con la peculiaridad y complejidad de ser una ciudad
fronteriza donde muchos imputados son marroquíes y cuesta
mucho localizarlos para citarlos”, acentuó Carrero.
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