Quienes no disfrutan del acceso a
una vivienda digna, ese derecho constitucional tan a menudo
vulnerado, tienen una de sus tablas de salvación en los
planes específicos que desde las administraciones públicas
se diseñan con este fin. El Plan de Vivienda que, en
períodos de cuatro año desarrolla el Ministerio en
colaboración con los Gobiernos autonómicos, en este caso,
con la Ciudad, establece medidas de apoyo a las familias y
ciudadanos con rentas más bajas, tanto para el alquiler como
para la rehabilitación de sus viviendas o de los edificios
en los que están integradas. El Gobierno local, por su
parte, ha reforzado estas dos líneas de actuación con ayudas
propias aprovechando, con buen criterio, la posibilidad de
desarrollo reglamentario del Plan 2009-2012.
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