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El Defensor del Pueblo viene a corroborar una reivindicación
permanente de ANPE: la sociedad debe valorar la autoridad
que emana de la propia dignidad del trabajo docente y debe
reconocer la autoridad magistral del profesor y el respeto
que se debe a sus decisiones académicas. La autoridad del
profesor – como la de los padres- es un hecho básico de la
relación educativa que proviene de la responsabilidad que el
docente tiene sobre sus alumnos.
Durante los últimos años, desde ANPE y su servicio El
Defensor del Profesor, hemos venido alertando sobre el
progresivo deterioro de la convivencia en los centros
educativos. Una de nuestras reivindicaciones básicas ha sido
el reconocimiento de la condición de autoridad pública del
docente en el ejercicio de su función.
Esta exigencia es hoy aceptada mayoritariamente de tal
manera que el mismo Fiscal General del Estado ha dado
instrucciones a las Fiscalías para que se consideren todas
las agresiones, empleo de fuerza, intimidaciones o
resistencia grave en las que la víctima sea un funcionario
docente como atentado contra la autoridad pública. Ahora
esperamos que el Estatuto Docente la contemple en una
normativa específica.
ANPE puso en marcha en diciembre pasado una campaña para
explicar que la autoridad del profesor es un elemento básico
de la relación educativa. Trabajamos para transmitir a la
sociedad la importancia de reconocer también la autoridad
moral, intrínseca a la dignidad de la tarea docente, y la
autoridad académica, que tiene que ver con el respeto a la
libertad de cátedra y a las decisiones académicas y con que
los claustros de profesores recuperen las competencias
técnico-profesionales.
Estamos firmemente convencidos de que todas las iniciativas
que refuerzan la autoridad de los docentes – (que no tiene
nada que ver con la arbitrariedad ni el autoritarismo-)
redundan en beneficio de los propios alumnos y de las
familias.
Queremos transmitir a los poderes públicos y a la sociedad
la importancia que para el sistema educativo tiene la figura
del profesor, ya que sin él no podría desarrollarse
plenamente el derecho fundamental a la educación establecido
en el artículo 27 de la Constitución, que implica para los
alumnos el derecho a aprender y para los docentes el derecho
a enseñar.
Desde ANPE agradecemos a Enrique Múgica esta nueva prueba de
su interés por la educación.
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OPINIÓN
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COLABORACIÓN
