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Eran las doce y media de la mañana cuando las nubes no
tenían muy claro si querían descargar el agua que les pesaba
pero eso les daba igual. Mochilas a la espalda, bolsas de
comida, tienda de campaña y frente al Ayuntamiento una
pancarta que exigía a la Ciudad Autónoma que le devolviesen
la luz que durante dos meses se había apagado.
Según narraba el protagonista de la acampada, Salvador Peña,
sus últimos años de vida se habían resumido en despidos
improcedentes, acoso laboral de jefes y compañeros, y
resoluciones judiciales que le favorecían pero no habían
impedido que su familia siguiera padeciendo miserias, lo que
les motivó ayer, por desesperación, a llamar la atención de
todos los transeúntes, con los pequeños a cuestas y lágrimas
en los ojos dando cuenta y señalando un motivo que nada
tenía que ver con la realidad aunque cuando falta la sonrisa
de un niño, todo es poco para devolvérsela y tal vez fuera
eso lo que motivó a esta familia a lanzarse a la calle en
busca de ayuda. Una ayuda que llegó, con comprensión y
paciencia, a pesar de los goterones. “Esta familia es
usuaria de los Servicios Sociales desde 2006 y se les había
suspendido el pago del alojamiento alternativo porque
también se beneficiaban de otra ayuda incompatible
procedente de la Dirección General de la Vivienda”, aclaraba
la consejera de Asuntos Sociales, Carolina Pérez.
Y es que durante la concentración a las puertas del Palacio
Autonómico, la responsable del área no tuvo más remedio que
tomar cartas en el asunto y entrevistarse con la familia
viendo que esta llamada de atención era injustificada puesto
que la realidad no tenía nada que ver con lo denunciado por
esta familia, que señalaba a la Consejería argumentando que
“nuestros hijos no tienen agua caliente y padecen
bronquitis. Nos han hecho la vida imposible y no tenemos
trabajo y lo único que pedimos es que nos devuelvan la luz”,
aclaraba la familia de Peña.
Al parecer, la vivienda de la familia era de alquiler y el
arrendatario propició el corte de luz ya que existían deudas
de dos mensualidades que la familia no pudo pagar al dejar
de percibir la prestación social de 432 euros. “Se les
suspendió el pago porque al pedirle justificantes de gastos
de las dos ayudas que recibían, no los tenían. Además, se
les estaba estudiando una ayuda puntual para medicamentos y
enseres que solicitaron hace dos días. Y el problema con el
arrendador no tiene solución y nosotros no podemos hacer
nada porque lo que le aportábamos era el ochenta por ciento
del alquiler”, expresaba Pérez.
Y es que cuando las carencias llaman a la puerta, la
desesperación ahoga y dos criaturas miran con ojos
indefensos, cualquier reivindicación, certera o no, es muy
poco. Aunque, por buena fortuna, las palabras no entienden
de actos. “Me he entrevistado con ellos, les he comentado
todo, les he recomendado que cambien de vivienda y se les
seguirá ayudando porque sabemos que están necesitados. Pero
tampoco es justo que nos señalen cuando han acabado pidiendo
perdón. Pero claro, en momentos de desesperación, se termina
sin ver la realidad”, finalizaba la consejera de Asuntos
Sociales tras el episodio.
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petición
