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A juzgar por los resultados,
parece que ha servido de muy poco para atajar la crisis, el
famoso plan español (plan E) para el estímulo de la economía
y el empleo, a pesar de que se haya vociferado hasta la
saciedad que suponía una movilización de recursos públicos
sin precedentes. Lo cierto es que las directrices de apoyo a
empresas no impiden que cada día se cierren sociedades, que
el desempleo azote a familias enteras, o que las medidas de
modernización de la economía sean incapaces de recuperar
productividad y competitividad. En cualquier caso, la grave
situación española exige que el gobierno intente una y mil
veces el diálogo social, apostando por políticas de
consenso, transparentes y de estabilidad financiera,
reduciendo a cero cualquier despilfarro para evitar
derrumbes innecesarias. Las energías políticas no se pueden
malgastar en contiendas inútiles y partidistas, como viene
sucediendo entre gobierno y oposición u oposición y
gobierno, tanto monta… De lo que se trata es de aunar
esfuerzos y de buscar soluciones para ganar tiempo y salir
cuanto antes de una crisis que se está cebando con la clase
trabajadora que a diario ve peligrar su puesto de trabajo.
Quizás hubo que plantear medidas de emergencia antes. Casi
todos los analistas coinciden en decir que el gobierno
español ha reaccionado tarde frente a la crisis; pero una
vez que lo ha hecho, lejos de mejorar la situación, sigue
agravándose a peor, con cuantiosos déficits y endeudamientos
que amenazan socavar el propio sistema, obligando a salir
del mercado de trabajo a miles de personas, con el consabido
freno de la inversión privada. Realidad que debiera unir a
la clase política y a los agentes sociales. Hechos que han
de poner al gobierno en plena acción, en diálogo permanente,
para alcanzar cuanto antes reformas estructurales que
revitalicen la maltrecha economía española. No es tiempo de
espera, es tiempo de reacción, de equilibrar presupuestos y
de retomar niveles de deudas moderadas. Lograr esto requiere
la coordinación de las políticas de gastos y la aplicación
de medidas específicas entre todas las administraciones del
Estado. Centenares de ayuntamientos en España están al borde
de la quiebra por su alto nivel de endeudamiento. Esto no
hubiera sucedido si se hubiese mantenido más control
financiero y una política monetaria más restrictiva.
Hay que avanzar sí, pero reduciendo el gasto, sabiendo
gestionar y con las mimbres que uno tiene. Ahora lo esencial
es hacer frente a la crisis, preservar los avances logrados
y avivar un programa de reformas sustanciales. El gobierno
español tiene la obligación de generar ese clima de
entendimiento, que no es fácil, ante un desempleo sin
precedentes y una fuerte desconfianza de los mercados.
Debería complementar sus planes de apoyo con estrategias
claras y creíbles, sumando fuerzas con las fuerzas sociales,
fortaleciendo las instituciones de política económica para
disipar cualquier duda que pueda entorpecer el proceso de
recuperación. Recaudar por vía de tributos para salir del
endeudamiento es un arma de doble filo, puesto que puede
restar inversión en un momento en el que se necesita todo lo
contrario, dinamizar la economía para generar empleo. Quizás
se debiera replantear con anterioridad a la subida de
impuestos, desde la nítida claridad, las eternas preguntas
de siempre: ¿Quién gasta? ¿Para qué se gasta? ¿En qué se
gasta? ¿Dónde se gasta? Disparar los gastos en tiempos que
no fueron de dificultades cuesta asimilarlo. En la
actualidad si tiene más fundamento que se acrecienten, pero
–insisto- no en tiempos de bonanza, donde los derroches se
sirvieron en bandeja ante los ojos de toda la ciudadanía y
la economía sumergida siguió campeando a sus anchas, como si
la brújula moral se hubiera perdido.
Tanto es así, que algunos personajes sin escrúpulos hicieron
las Américas en España, con métodos muy poco honestos y nada
legales. No en vano, la corrupción en este país, sobre todo
la proveniente de gente de cualquier bando político, se ha
disparado tanto como la crisis que ya es decir. Ante esta
realidad dura y ante un gobierno debilitado, la pregunta es
evidente: ¿cómo propiciar economías sanas, seguras y
equitativas en una sociedad cada vez más compleja y
conflictiva? A mi juicio, resulta importante considerar el
tipo de ambiente económico que queremos crear. Y esto lo
debe propiciar el gobierno, mucho antes que dar a la máquina
de los tributos, que han de ser los justos y necesarios. Por
otra parte, no es muy ético que digamos pagar con impuestos
facturas de mala gestión o déficits que se han producido por
corrupción. La papeleta de esta crisis no es fácil. Hay que
reconocerlo. Sin embargo, es fundamental que valoremos la
eficacia de nuestro sistema económico para afrontar las
necesidades de la gente. Muy a menudo, quienes viven en la
pobreza pueden conocer mejor cómo superar situaciones de
crisis. Pero no se les escucha o no tienen acceso a ninguna
tribuna, cuando ellos son las principales víctimas de
cualquier crisis.
El gobierno español debe poner oídos en la calle, sobre todo
en esa legión de desempleados, utilizar el talante de la
escucha que tanto se dijo en otro momento, y poner en valor
las inversiones éticas que son las que tienen que ganar
fuerza para que ejemplaricen la sociedad. La crisis
económica ha puesto contra las cuerdas al gobierno español.
El gasto público ya no puede tirar de le economía. Ahora
espera con los nuevos presupuestos y la ley de economía
sostenible tomar aliento y reducir el desempleo. El
escepticismo de la ciudadanía ante estas propuestas es
evidente. De momento, no han entusiasmado. Y las estrategias
anticrisis tomadas hasta ahora, aparte de aumentar el gasto,
han sido muy poco eficaces, por no decir nada, para levantar
cabeza. Mientras el principal partido de la oposición
tampoco hace nada, que no sea la crítica fácil, para seguir
quemando al gobierno. Tampoco me parece políticamente
correcto.
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OPINIÓN / ALGO MÁS QUE PALABRAS
