OPINIÓN - MIÉRCOLES, 26 DE AGOSTO DE 2009

Política y religión

Con la reforma de la Ley de Libertad Religiosa que prepara Zapatero a la vuelta de la esquina, la organización del rezo colectivo que por primera vez se celebró el año pasado al aire libre para poner fin al mes de Ramadán ha vuelto a poner en el primer plano de la actualidad las nefastas vinculaciones que se establecen entre el ámbito político y el religioso, dos esferas que deberían permanecer, en un Estado como el nuestro, lo debidamente alejadas para no complicar aún más las cosas. El artículo 16 de la Constitución garantiza la “libertad ideológica religiosa y de culto” de todos los ciudadanos, y marca que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”; pero ese mismo punto señala que se mantendrán relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones. A este último punto se aferran quienes apoyan, por ejemplo, que se mantengan los símbolos religiosos en lugares públicos o los privilegios que actualmente tiene la Iglesia gracias a los concordatos con la Santa Sede aprobados en 1979, hace ya 30 años. Ciudad plural como ninguna, el Gobierno de Juan Vivas ha sabido gestionar la existencia de cuatro comunidades religiosas en la ciudad y tratar a cada una como se merece, procurando y consiguiendo que no saltase ningún recelo por cualquiera de sus decisiones. Todas las comunidades tienen, ya sea en el ámbito social o en el religioso, una cabeza visible y perfectamente reconocible. Todas menos la musulmana, que debe ser capaz por sí misma, sin interferencias de ningún ámbito, de encontrar la forma de autorregularse más oportuna. No es cuestión de que se elija un virrey de los musulmanes ceutíes ni nada parecido, sino de que alguien tenga la legítima capacidad de representar a ese 35% de la población para determinados asuntos que, por razón de su fe, necesitan tratar con agentes externos (otras comunidades, instituciones...). La política no debe interferir con malas artes en ese proceso, pero sus intervinientes tampoco pueden buscar excusas en las administraciones para eludir su propia responsabilidad.