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Cristina Rivas, dio ayer a conocer la sentencia, en la que
la juez considera “correcto y argumentado” el rechazo de la
Mesa de la Asamblea a 14 preguntas y una interpelación de la
oposición, ya que éstas versaban sobre la gestión de la
Autoridad Portuaria, que es “un órgano de administración
autónomo no dependiente de la Ciudad Autónoma, sino del
Estado”. Así, la juez considera en su sentencia 139/09 que
la Autoridad Portuaria cuenta con su propio Consejo de
Administración, que “en todo caso actúa como un órgano
autónomo” y, por lo tanto, “seguirá el procedimiento de
control establecido legalmente, pero no las sesiones de
Control del Ejecutivo local”. Rivas mostró la “alegría” del
Gobierno melillense por la sentencia judicial porque “nos da
la razón al rechazar las preguntas”, lo que evidencia que
“no se vulneró ningún derecho fundamental” como alegaron los
grupos de la oposición. La número dos de la Asamblea destacó
que el Ministerio de Fiscal manifiesta que “no es procedente
la estimación de la demanda de protección de Derechos
Fundamentales interpuesta” por los grupos de la oposición.
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JUICIO
