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Tras un primer día de trabajo, el pasado miércoles, que
finalizó a las 23:00 horas y una segunda sesión de
citaciones que, al cierre ayer de esta edición, llevaba
camino de prolongarse de parecida forma, los técnicos de la
Delegación del Gobierno han completado el levantamiento de
las actas previas para la ocupación urgente de los terrenos
del nuevo centro penitenciario. La Administración central
convocó, a diferentes horas, a los propietarios de un total
de 13 parcelas, entre las que había una perteneciente a la
Ciudad.
Dos jornadas de trabajo que se prolongaron hasta bien
entrada la noche, cerca de las 23:00 horas el miércoles y
con parecida duración ayer, han servido a la Delegación del
Gobierno para levantar las actas cuya finalidad es la
ocupación urgente de las parcelas situadas en los terrenos
donde se levantará el nuevo centro penitenciario de la
ciudad. Según se informó desde la institución, el objetivo
de las reuniones, mantenidas a diferentes horas con cada uno
de los propietarios afectados, de un total de 13 parcelas,
era la comunicación del inicio del expediente. Asimismo, los
técnicos de la Delegación responsables del desarrollo de
este procedimiento administrativo recogieron las alegaciones
de los dueños de las fincas, quienes tuvieron que aportar
los documentos que les acreditan como titulares o, en su
caso, herederos, de los solares y edificaciones, en caso de
haberlas, objeto de la expropiació
En la resolución dictada el pasado día 14 por la Delegación
del Gobierno en que se señalaba la fecha, hora y lugar de
las citaciones, se explicaba que los actos de levantamiento
de actas tendrían lugar en las dependencias de la
institución, “sin perjuicio de desplazarse, posteriormente,
a las parcelas, si se estima necesario”. Esta posibilidad se
ejerció ayer con varios de los propietarios, con los que los
técnicos visitaron a partir de las 19:00 hora la zona,
situada entre los cerros de Mendizábal y de la Mora, para
recoger in situ todas las anotaciones que quisieran hacer
constar respecto a la situación o características de las
mismas con el fin de que se tengan en cuenta en su
valoración.
Una vez finalice el plazo de resolución de las alegaciones,
se procederá, según señalaron desde la Delegación del
Gobierno, a la fijación del justiprecio que la
administración considere ha de abonar por cada una de las
parcelas y a la comunicación de esta valoración a los
propietarios para poder proceder a su ocupación, declarada
de “urgencia” por el Consejo de Ministros dada la “utilidad
pública”, con carácter general y establecida por la Ley de
Presupuestos Generales del Estado de 1988 para las obras de
construcción de Centros Penitenciarios.
Diversos propietarios
De las 13 parcelas objeto de esta expropiación forzosa,
cuatro son propiedad de la empresa Makerel Medioambiental,
que gestiona el vertedero de inertes, y otras dos
pertenecen, respectivamente, a las empresas Hoarce
Hormigones y Áridos y Maquinaria Hidalgo e Hijos. Otra de
las propiedades es de titularidad pública, en concreto,
adscrita al patrimonio de la Ciudad Autónoma, por lo que el
encargado de acudir ayer a la citación realizada desde la
Administración General del Estado fue el consejero de
Hecienda, Francisco Márquez. Tal como señaló por su parte el
responsable de Fomento, Juan Manuel Doncel, el terreno
afectado es un solar baldío “sin uso y situado en una
vaguada” y cuya expropiación no resulta gravosa para la
Ciudad.
En el caso de las otras seis parcelas figuran diversos
propietarios particulares, habiéndose citado por parte de la
delegación hasta un total de 26 personas, titulares o
herederos de las fincas.
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proyecto del centro penitenciario
