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El pliego de cláusulas administrativas particulares que rige
el contrato del servicio de la línea de interés público
entre la península y Ceuta y Melilla establece que Acciona
Trasmediterránea tiene el “deber” de “dar suficiente
publicidad” de las tarifas básicas máximas “para
conocimiento general de los posibles usuarios”. Sin embargo,
durante más de dos años y medio ningún usuario tuvo
conocimiento de la existencia de precios límite, ni siquiera
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Eso que costó tanto descubrir, las tarifas máximas que
Acciona podía aplicar en la línea de interés público
Ceuta-Algeciras-Ceuta, debieron haber sido publicitadas por
la propia compañía naviera desde que se firmó el contrato en
septiembre de 2006.
El pliego de cláusulas administrativas que rige el contrato
del servicio de la línea de interés público entre la
península y las dos ciudades autónomas que se adjudicó a
Acciona establecía el deber de la naviera a “comunicar a la
Dirección General de la Marina Mercante, una vez publicados
los índices interanuales de Precios al Consumo (IPC), de
Precios Industriales (IPI) y de Precios de Combustibles (IPF),
de noviembre a noviembre, para su aprobación las tarifas
básicas máximas que se vayan a aplicar, así como dar
suficiente publicidad para conocimiento general de los
posibles usuarios”.
De esta forma, Acciona ocultó desde el inicio a sus clientes
las tarifas máximas, que debían haber sido expuestas en las
oficinas de la naviera en las estaciones marítimas de Ceuta
y Algeciras, para poder aplicar de esta forma con menos
quejas por parte de los usuarios unos precios abusivos que
superaban a lo que la naviera estaba obligada en
contrapestación de los cerca de 42 millones de euros que
recibe del Estado.
Se trata de uno más de los deberes que el contratista no ha
cumplido, pero no el más grave, dado que el contrato deja
claro que “las tarifas que se apliquen a los particulares
para un transporte determinado serán inferiores o iguales a
las tarifas máximas que para ese determinado viaje estén
aprobadas en cada momento por la Dirección General de la
Marina Mercante”.
“Las tarifas máximas que regirán a la entrada en vigor del
contrato”, prosigue el documento, “serán las que el
contratista haya presentado en su oferta”, las cuales “se
revisarán anualmente de forma automática”.
El contrato únicamente deja una posibilidad para actualizar
las tarifas máximas de forma diferente, cuando “por
circunstancias sobrevenidas se produjera un importante
desequilibrio económico-financiero de la explotación del
servicio para el conjunto de las líneas objeto del
contrato”.
Para ello, el contratista debería haber presentado un nuevo
estudio económico global de la explotación del servicio y
una contabilidad auditada del conjunto de las líneas que
forman parte del contrato correspondiente al menos a los 12
meses anteriores a la fecha de solicitud de revisión.
El pliego de cláusulas establece también que la penalización
a imponer la graduará Marina Mercante y podrá ser calificada
como baja, media o alta.
El importe de la penalización por día de incumplimiento se
obtendrá en función del coste diario del contrato, es decir,
41.640.000 euros entre 1.740 días –desde el 1 de octubre de
2006 al 31 de septiembre de 2011–, lo que sale a razón de
23.931 euros. Y dependiendo de cómo califique Marina
Mercante el incumplimiento, bajo, medio o alto, se
multiplicará por un coeficiente de 0,5, 2 ó 5.
Así pues, en el mejor de los casos, la naviera adjudicataria
del contrato se enfrentaría a una penalización de 11.965
euros por día de incumplimiento.
En el caso de que el incumplimiento sea calificado como
medio, Marina Mercante castigaría a Acciona con 47.862 euros
diarios en que ha cobrado tarifas por encima de lo
permitido.
Por último, si Marina Mercante considera que el
incumplimiento es alto, como todo apunta que así será, dado
que se ha estado cobrando y se continúa cobrando de más en
los pasajes, la penalización se elevaría hasta los 119.655
euros por día en que ha sobrepasado las tarifas máximas que
la propia naviera estableció para adjudicarse el contrato
multimillonario.
La cuestión sería entonces cuántos días ha estado Acciona
con unas tarifas consideradas abusivas, ya que la
investigación se abrió a raíz de la subida descontrolada de
precios que se produjo el pasado día 15 junio.
Hasta la fecha de hoy son 44 días de incumplimiento, lo que
supondría 5.264.820 de euros de penalización que habría que
descontar del presupuesto que recibe del Ministerio de
Fomento.
Sin embargo, el incumplimiento de las tarifas máximas no es
algo exclusivo de este verano, sino que en las Operaciones
Paso del Estrecho de 2007 y 2008 ya figuraban precios por
encima de los 34 euros de tope para la butaca y de 96 para
el pasaje con vehículo. El incumplimiento podría llegar a
ser, a día de hoy, de 224 días: 26,8 millones de euros de
penalización.
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Alegaciones de sol a sol
La cita de los jurídicos y
directivos de Acciona Trasmediterránea con la Dirección
General de la Marina Mercante se repitió ayer en Madrid
después de que el día anterior no se llegase a ninguna
conclusión, según fuentes de Marina Mercante, tras una
maratoniana reunión que llevó toda la jornada: desde las
nueve y media de la mañana a las ocho de la tarde, con
intermedio para el almuerzo. En la reunión, de la cual no
han trascendido las justificaciones de la compañía naviera,
estuvieron presentes por Marina Mercante el subdirector
general de Seguridad Marítima y el encargado del seguimiento
de las líneas marítimas de interés general. Por otro lado,
el director general de la Marina Mercante, Felipe Martínez,
fue cesado en el último Consejo de Ministros, siendo
sustituido por María Isabel Durántez, magistrada titular
desde 1995 del juzgado de Instrucción número 1 de Vigo y ex
directora general de Interior de la Consellería de
Presidencia de la Xunta.
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INvestigación sobre la línea marítima
de interés público 
