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La oposición no secundará la subida de la cuantía de las
sanciones por infracción de la normativa local en materia de
Medio Ambiente si sus representantes en las conversaciones
que se mantendrán desde mañana al respecto con Yolanda Bel,
Fatima Hamed (UDCE-IU) e Inmaculada Ramírez (PSOE) perciben
que la única vocación de la reforma es un simple “afán
recaudatorio”. La Ciudad prevé duplicar, como mínimo, las
multas vigentes, que en todo caso no podrán superar los
3.000 euros.
A la espera de la reunión que mantendrán mañana con la
consejera de Medio Ambiente, Yolanda Bel, dos representantes
de los grupos de la oposición en la Asamblea, Fatima Hamed (UDCE-IU)
e Inmaculada Ramírez (PSOE), advirtieron ayer en
declaraciones a este periódico a la Popular de que la
pretendida reforma de todas las ordenanzas medioambientales
que pretende duplicar, cuando menos, las sanciones recogidas
en la normativa vigente “no” saldrá adelante por consenso si
perciben “afán recaudatorio” en la misma.
Ni Hamed ni Ramírez, que hace días recibieron del Gobierno
local un CD con las ordenanzas a modificar para que se
fueran metiendo en harina, entraron ayer a cuantificar en
cifras el límite de lo que es y no es “afán recaudatorio”,
pero la portavoz socialista fue más explícita a la hora de
explicar su posición, dando prácticamente por hecho que la
iniciativa que propugna Bel lo tendrá.
“Lo que tiene que hacer la Consejería de Medio Ambiente es
lo que no hace”, dijo Ramírez, quien instó a Bel a “aplicar
la normativa vigente, que no se está implementando como se
debiera”. “Si la propuesta transmite un afán recaudatorio no
contará con nuestro apoyo porque ya son muchas las ocasiones
en las que hemos denunciado tal ambición en el Ejecutivo
local, que no en vano ya presupuestó para este año un
incremento de la recaudación por multas”, recordó la
socialista.
“Que seamos la segunda región con mayor endeudamiento per
cápita, sólo por detrás de Madrid y doblando a Melilla, con
la que sí podemos compararnos fácilmente”, alertó Ramírez,
“no puede justificar ahora una presión añadida e injusta
sobre los bolsillos de los contribuyentes”.
Menos dura en su posición, Hamed también previno, utilizando
ese mismo término, sobre el “afán recaudatorio” que se
aventura en los planes de la consejera, que pretende llevar
a Pleno después de agosto “como un paquete” la reforma de
todas las ordenanzas de su departamento, singularmente la de
Uso y Aprovechamiento de Playas y la de Limpieza Viaria y
Residuos Sólidos Urbanos.
Según explicó el martes Yolanda Bel tras el Consejo de
Gobierno su voluntad es acordar con la oposición tanto la
cantidad en la que quede establecida la nueva escala de
sanciones económicas como la reforma del articulado que se
pretende realizar “siguiendo la línea de otras Autonomías y
entidades locales” para “equipararnos” con ellas.
“Todas las propuestas que vayan en beneficio del cuidado y
conservación de nuestro entorno y de los valores
medioambientales tendrán, como siempre, a UDCE-IU como
valedor”, aseguró Hamed, “pero no a cualquier precio”,
previno. “Si vemos que la única intención del Gobierno es
multiplicar la cuantía de las multas para aplicarlas sin más
rigor que el de llenar sus arcas no daremos nuestro voto a
favor”, completó.
El techo legal
La oposición deberá graduar, pues, su listón de afán
recaudatorio entre lo que se cobra actualmente (desde 150
hasta 901 euros en el caso de la Ordenanza de Limpieza
Viaria), lo que Bel ha aventurado que sería el incremento
mínimo (el doble) y lo que prevén como la Ley 7/1985 de
Bases de Régimen Local y la Ley 57/2003 de Medidas para la
modernización del Gobierno Local, que sitúan la cuantía
máxima de las multas por infracción de Ordenanzas locales en
3.000 euros en caso de infracciones muy graves.
Ayuntamientos como los de Cádiz y Madrid tienen su techo
límite establecido en tal cantidad, pero otros se manejan en
niveles muy similares e incluso inferiores a los de la
ciudad autónoma, como el vizcaíno de Getxo, pese a que su
nivel de vida es notablemente elevado.
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