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Al Gobierno central “no le consta” que exista ningún
malestar en Marruecos, como han publicado diferentes medios
de comunicación durante los últimos meses, por una presunta
falta de diligencia española a la hora de controlar los
movimientos de origen salafista o wahabí, supuestamente
promotores de una interpretación rigorista del Islam que
ampara el uso de la violencia terrorista, en la ciudad
autónoma de Ceuta. Así lo asegura el Ejecutivo de Zapatero
en dos respuestas por escrito a otras tantas preguntas que
le planteó la senadora ceutí Luz Elena Sanín (PP), que ayer
recibió la respuesta a ambas.
El Gobierno central dio traslado ayer a la senadora ceutí
Luz Elena Sanín de su respuesta a las dos preguntas que la
politica del PP le hizo llegar en mayo para que este se
pronunciase sobre qué valoración hace de “las medidas de
presión que está haciendo el Reino Alauí de Mohamed VI por
lo que considera una ‘permisividad inadmisible’ de España
con el islamismo salafista y whahabi acusándole de ‘mero
observador’ ante los movimientos de influencia islámica
salafista que se está asentando en la ciudad” y sobre “qué
medidas ha adoptado o piensa adoptar el Gobierno ante las
informaciones contrastadas por el Centro Nacional de
Inteligencia (CNI) y los Servicios de Información de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” en relación a la
presencia en Ceuta de individuos vinculados a dichas
corrientes.
En su contestación el Gobierno que preside Rodríguez
Zapatero dice que “no tiene constancia” de la adopción por
parte del país vecino de “supuestas medidas de presión en
relación con la presencia del islamismo salafista en Ceuta”
y asegura que ambos estados “mantienen una cooperación
activa en materia de seguridad relacionada con el activismo
violento de grupos islamistas radicales”.
“En el ámbito de la seguridad del Estado”, deja claro el
Ejecutivo central, “el Gobierno mantiene un compromiso
inquebrantable para asegurar el bienestar y la convivencia
pacífica de los españoles”. “Para ello”, completa, “de
acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, utiliza todos los
recursos a su alcance para neutralizar cualquier riesgo o
amenaza a la seguridad”.
La respuesta gubernamental elude extenderse sobre la labor
que en este ámbito desarrolla el CNI, sobre la que se limita
a recordar que “desarrolla su actividad de forma permanente
y constante, de acuerdo con los mandatos del Gobierno y con
respeto a su marco normativo regulador, singularmente la Ley
11/2002 Reguladora del Centro Nacional de Inteligencia”.
En relación con las medidas que por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado “se han adoptado o se pueden adoptar en
el futuro en Ceuta” el Ejecutivo socialista destaca que
“todas ellas se encuentran dentro del marco de la estrategia
del Gobierno en la lucha contra el terrorismo”, que abarca
desde “la prevención de las conductas radicales, mediante el
control de los lugares y escenarios donde se llevan a cabo
los procesos de radicalización y reclutamiento” hasta el
combate de “la instrumentalización de los movimientos
sociales y asociativos con el fin de que los mismos no sean
utilizados como ‘asociaciones u organizaciones religiosas o
culturales pantalla’ de grupos y células terroristas”.
Cooperación y coordinación
Igualmente, la estrategia oficial atiende a la
“neutralización de la capacidad logística y financiera de
las organizaciones terroristas, mediante el control de las
fuentes susceptibles de ser utilizadas para la obtención de
recursos financieros” y a la “vigilancia” de actividades
concretas de “individuos de pensamiento radical” como su uso
de Internet.
La “profundización en la cooperación antiterrorista, no sólo
dentro del marco nacional sino internacional, impulsándose
el intercambio de información e inteligencia sobre la
materia, en especial con los países de especial incidencia
en el Norte de África” y la “potenciación de la actuación
conjunta de las unidades especializadas en la lucha contra
el terrorismo, incrementando los efectivos de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado dedicados a ello” son los
otros dos elementos de actuación que resalta el Gobierno,
que como ejemplo de sus resultados cita “varias operaciones
policiales, entre las que destaca la ‘Operación Duna’,
culminada el 12 de diciembre de 2006 con once detenidos,
buena parte de los cuales están ya en libertad provisional.
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Sanín lamenta que el Ejecutivo “vuelve a salirse por la
tangente”
La senadora ceutí Luz Elena Sanín
no se dio “en absoluto por satisfecha” ayer con la respuesta
que le hizo llegar el Gobierno central a sus preguntas. En
primer lugar porque, a su juicio, el Ejecutivo de Zapatero
“vuelve a salirse por la tangente” con ellas. “El Gobierno
me ha respondido aludiendo a 2006 y a la ‘Operación Duna’
cuando yo le preguntaba por informaciones mucho más
recientes, interrogantes que elude y que no satisfacen ni mi
interés ni el de la ciudadanía sobre el control al que se
somete a determinadas personas que dicen ser intelectuales y
que muchas fuentes sospechan que visitan Ceuta para hacer
proselitismo integrista”, lamento Sanín, quien acusó al
Estado de no haber hecho “nada” por fortalecer la frontera
de la ciudad sobre el programa Frontex “como exigen los
objetivos de Lisboa 2010”.
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terrorismo
