La Autoridad Portuaria de Melilla está mostrando un informe
sobre la viabilidad económica de su ampliación entre fondos
especializados en infraestructuras, operadores de terminales
y la industria naviera. Su intención es captar 200 millones
de financiación privada, a cambio de concesiones, y
convencer a Fomento para que respalde el proyecto, según
publica la revista “Cinco Días”, en un reportaje de Javier
Magariño del pasado día 22.
El reportaje informa que los responsables del Puerto de
Melilla están paseando un estudio de viabilidad sobre la
ampliación de sus instalaciones en busca de atraer el
interés de inversores privados y ganarse al Gobierno para
que dé el visto bueno y aporte fondos públicos. Su oferta
pasa por entregar concesiones de 35 años y el informe,
firmado por la ingeniería Arup y la consultora Ocean
Shipping Consultants, habla de rentabilidades medias -en el
más pesimista de los escenarios- del 20%. “Tendremos el
puerto más competitivo del Mediterráneo Occidental”,
aseguran Arturo Esteban y José Luis Almazán, presidente y
director de Puerto de Melilla, respectivamente.
El proyecto que diseñó en 2007 la Autoridad Portuaria -en el
marco del primer plan estratégico- se basa en ganarle 51
hectáreas de terreno al mar. Una actuación cuyo presupuesto
alcanza 300 millones de euros, de los que aproximadamente
200 millones se han reservado al capital privado.
En la nueva zona se asentarán una terminal de contenedores
con capacidad para dos millones de TEU, un área industrial,
y se dejarían unas 12 hectáreas para la generación de
energía. En este último caso la apuesta más clara es el
desarrollo eólico, sin que se hayan descartado la opción
fotovoltaica o la producción de biodiésel.
“La ampliación creará unos 5.700 empleos en una ciudad con
8.000 parados y que tiene en el puerto una de sus fuentes de
riqueza.Necesitamos que Fomento sea sensible y agilice el
plácet al plan director de infraestructuras que Melilla
presentará en septiembre”, comenta Arturo Esteban,
presidente de Puerto de Melilla.
Su intención pasa por tener la bendición del Gobierno y el
visado de la UE en materia de impacto ambiental para lanzar
las obras a finales de 2010, con una previsión de ejecución
de entre cuatro y cinco años.
Sobre la acogida que está teniendo el plan entre la
comunidad financiera y la industria naviera, los directivos
de la infraestructura aseguran contar ya con cinco cartas de
intenciones: “Dos son de operadores y tres de fondos de
inversión”, argumenta Esteban, quien alude a un acuerdo de
confidencialidad para mantener sus identidades en secreto.
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