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Al problema de las viviendas en precarias condiciones se
suma en el caso del Príncipe el de la construcción ilegal,
relacionado a menudo con el primero. La Ciudad, a través de
la Comisión que coordina el Plan de Urbanización, realiza
desde hace unos meses un estudio de la cuestión y calcula
entre 600 y 800 las edificaciones fuera de ordenamiento.
El problema de la infravivienda está en el Príncipe
íntimamente ligado al de la ‘autoconstrucción’, la actividad
ilegal que realizan quienes han levantado sus casas fuera de
todo ordenamiento y sin las preceptivas licencias. Esta
situación es una de las que se están abordando con el
desarrollo del Plan de Urbanización, coordinado por el
vicepresidente Pedro Gordillo, quien en más de una ocasión
desde que se pusiera en marcha ha señalado que tan sólo se
derribarían aquellos edificios que entorpezcan las reformas
previstas en la trama urbana de la barriada.
Entre tanto, los responsables de las consejerías implicadas,
Fomento y Asuntos Sociales, trabajan en un estudio sobre las
viviendas ilegales y las necesidades de realojos. En el
listado constan ya entre 600 y 800 de estas edificaciones,
algunas de las cuales, las que interfieran en la reforma
urbanística emprendida en el Príncipe, según señaló también
el consejero de Fomento, Juan Manuel Doncel, habrá que
demoler. Para el resto se buscarán fórmulas de
regularización.
Los próximos realojos que se llevarán a cabo a través de la
empresa municipal de la vivienda, Emvicesa, serán los de los
habitantes de las Caracolas del Príncipe Felipe y de
aquellos vecinos, se calcula que media docena de familias,
cuyas casas han de ser derruidas para llevar a cabo el plan
de urbanización de la zona Centro, el segundo que se
ejecutará tras el emprendido en la Agrupación Norte. La
promoción de VPO que acogerá a estos vecinos será la de 225
de Loma Larga.
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fomento
