Pese a que las pruebas contra Acciona Trasmediterránea
parecen apuntar ya irremediablemente a un incumplimiento
grave del contrato en aras de mayores ingresos, Guillermo
Martínez, consejero de Economía y Empleo de la Ciudad
Autónoma, se mostró ayer cauto hasta que finalice la
investigación, pero recordó que “como mínimo se debe
respetar lo que está vigente”.
Martínez confía en que la investigación “llegue hasta el
final en las pesquisas de una supuesta vulneración del
contrato” y se congratuló porque las demandas de la Ciudad
Autónoma “parece que han tenido eco”.
El consejero de Economía y Empleo de la Ciudad dejó claro
que “hay que esperar a que finalice la fase de alegaciones”
y deseó que como resultante de todo el ruido “se consiga una
tarifa máxima más justa y que no perjudique a la economía de
Ceuta, tal y como sucede ahora”.
“Esperamos que, tras la investigación, la decisión del
Ministerio de Fomento sea justa” y no quiso pronunciarse si
la Ciudad Autónoma podría presentar una demanda por daños y
perjuicios si finalmente la investigación concluye que
Acciona ha estado aplicando tarifas por encima de lo que
ofertó para conseguir un contrato que valió 41,6 millones
repartidos a lo largo de seis años.
Martínez concluyó que el Gobierno no cejará en su empeño de
unas tarifas que “no aislen a la ciudad”.
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