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Según el pliego de claúsulas administrativas sobre el que se
basó la contratación del servicio de las líneas de interés
público por el procedimiento abierto y de concurso, al que
ha tenido acceso EL PUEBLO, el Ministerio de Fomento ostenta
la potestad de modificar el contrato que se adjudicó a
Acciona Trasmediterránea “por razones de interés público”,
argumento con el que se puede cerrar el debate sobre la
fórmula a seguir que el Gobierno de la Ciudad Autónoma
baraja para solucionar el grave problema de los altísimos
precios con que operan las compañías navieras y que
estrangulan el turismo y el comercio.
Entre sus disposiciones generales, el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rigen el contrato del
servicio de las líneas de interés público entre la península
y Ceuta y Melilla establece la naturaleza y el régimen
jurídico del contrato, de tal manera que fija que “el órgano
de contratación”, es decir, el Ministerio de Fomento,
“ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo
por razones de interés público, acordar su resolución y
determinar los efectos de ésta”.
Precisamente, el argumento del daño que al interés general
de la ciudad autónoma están haciendo los altos precios de
los billetes de las compañías navieras parece encajar
perfectamente como el único motivo que el contrato permite
para su modificación.
De esta forma, entre las tres fórmulas que barajaba la
Ciudad Autónoma para trasladar al ministro de Fomento, José
Blanco –que en septiembre visitará Ceuta– para la solución
del problema, una de ellas parece tener un empaque jurídico
perfecto, a tenor de lo que reza en el contrato.
Por otro lado, según el pliego de claúsulas administrativas
sobre el que se basó el contrato, las tarifas básicas
máximas ofertadas figuraban como el segundo criterio para la
adjudicación, tan sólo por detrás del precio del contrato
entre un total de siete factores a tener en cuenta, como la
capacidad de respuesta y solidez de oferta para garantizar
la prestación del servicio y su restablecimiento en caso de
fuerza mayor, el estudio económico de la explotación del
servicio, las mejoras de la calidad de las prestaciones, las
mejoras en el volumen de plazas ofertadas y su adecuación a
la demanda y, en último lugar, el control de calidad de la
prestación del servicio.
El precio del contrato fue el criterio más importante para
la adjudicación del contrato, ofertando Acciona 41.640.000
euros sobre los 47,9 millones de euros que puso el
Ministerio de Fomento como presupuesto máximo.
Las tarifas básicas máximas ofertadas se establecieron como
el segundo criterio de valoración en importancia. Unos
precios máximos para los billetes que en el contrato no
fueron reflejados para la línea Ceuta-Algeciras-Ceuta y sí
para las dos conexiones de Melilla con la península (30
euros la butaca y 120 el vehículo).
Según la ponderación de los criterios de adjudicación del
pliego, se puntuaba hasta un máximo de 30 puntos sobre 100
las propuestas que fueran “más ventajosas y que supongan un
menor coste para los usuarios, teniendo en cuenta para ello
y para cada temporada, tanto las tarifas máximas ofertadas
para cada tipo de acomodación, como el número total de
plazas ofertadas en cada una de ellas, ponderadas para tener
en cuenta los tiempos de duración de viajes de las
diferentes propuestas planteadas”.
Actualmente, las tarifas que se aplican en la línea llegan a
los 44 euros para el pasaje de butaca y 160 el vehículo, sin
que la ciudadanía conozca dos años después cuál es el precio
máximo que Acciona puede aplicar a los billetes, a la espera
de que se confirme que la compañía naviera ha incumplido
esta claúsula.
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POLÉMICA POR LOS ALTOS PRECIOS EN LA
LÍNEA MARÍTIMA
