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El delgado del Gobierno, José Fernández Chacón, se reunió a
última hora de la tarde de ayer con el presidente de la
Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios (SIEP), Ángel Martínez Sanjuán, en una sesión
de trabajo centrada en el proceso de ejecución del proyecto
del nuevo centro penitenciario de Ceuta.
Poco antes de la reunión con Martínez Sanjuán, el delegado
explicó que la reunión tenía por objeto plantear los pasos a
dar toda vez que las obras de movimiento de tierras se
encuentran ya adjudicadas provisionalmente. Las gestiones,
recordó, se centran ahora en la realización de las
expropiaciones necesarias para liberar los terrenos en los
que se levantará la cárcel, situados entre los cerros de la
Mora y Mendizábal.
Por el momento, los afectados, un total de 13 propietarios,
entre ellos, tres empresas y la Ciudad Autónoma, han sido
citados para el levantamiento de las actas de ocupación el
próximo día 30 en las dependencias de la Delegación del
Gobierno.
Visita técnica
Tal como confirmaron ayer a El PUEBLO desde la Ciudad
Autónoma, precisamente con el fin de avanzar en el
desarrollo de este procedimiento y en el resto de
preparativos necesarios para la puesta en marcha de las
obras, la arquitecto responsable de la SIEP se desplazó ayer
a Ceuta. No obstante, la representante de la sociedad
estatal no mantuvo, como en anteriores ocasiones, reuniones
con los responsables políticos o técnicos de la Ciudad,
puesto que, según señaló el consejero de Fomento, Juan
Manuel Doncel, el desarrollo del proyecto no requiere en
estos momentos del concurso de la Administración local.
En relación con el terreno propiedad de la Ciudad que será
sometido a expropiación, Doncel indicó que se trata de un
solar situado en una vaguada, sin especial “valor” desde el
punto de vista urbanístico y que se encuentra en desuso.
Respecto al resto de los afectados por el procedimiento,
declarado de “urgencia” por parte del Consejo de Ministros,
el consejero de Fomento indicó que la Ciudad tan sólo
participará en los posibles realojos a los que de lugar en
el caso de aquellas personas que puedan acreditar la
propiedad de una vivienda. Por otra parte, y según manifestó
Doncel, la Ciudad solicitó a la SIEP que “en la medida de lo
posible” se busquen soluciones a las empresas radicadas en
la zona y que se verán afectadas por las expropiaciones para
que “la afección sea la mínima”. Los negocios que serán
objeto de expropiación de parte de sus terrenos son Makerel,
Hoarce y Maquinaria Hidalgo.
El movimiento de tierras, que la SIEP espera tener concluido
en los primeros meses de 2009, ha sido adjudicado por 7,4
millones de euros.
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reuniones
del delegado del Gobierno en Madrid
