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La crisis económica es un fenómeno
global que, por encima de disputas técnicas o partidistas,
nos afecta o terminará haciéndolo a todos. Es, además, un
acontecimiento de naturaleza relativamente imprevista.
Cuando la Ciudad Autónoma elaboró sus Presupuestos Generales
para este año los indicadores macroeconómicos que regulan,
por ejemplo, las transferencias que se reciben del Estado,
entre ellas la mayúscula que corresponde a la compensación
por la minoración en la recaudación del IPSI, presentaban
unos números que nada tienen que ver con los que se pueden
ver hoy en día. Como resultado de ello, del desplome de la
economía nacional, acusadísimo a partir del último trimestre
del año pasado, cuando la “tormenta tropical”, como describe
la situación el consejero de Hacienda, Francisco Márquez,
llegó a nuestro país, la Ciudad prevé que este año dejará de
ingresar cerca de 18 millones de euros con respecto a lo que
tenía previsto. El Gobierno local puso en marcha hace ya
meses un Plan de austeridad que, a la vista de la evolución
de la situación económica, se ha revelado insuficiente para
paliar los efectos de la depresión. Es, por tanto, momento
de solidarizarse con la institución que nos representa y
asiste a todos y arrimar el hombro. La consejera de Asuntos
Sociales se reunirá hoy con un buen número de entidades para
pedir que, en atención a la coyuntura local, nacional e
internacional, hagan un esfuerzo y reduzcan gastos “no
imprescindibles” por el bien general. Es de esperar que su
respuesta sea positiva y, sin rigideces, se puedan mantener
los servicios que prestan sin mayores alteraciones, pues la
vocación solidaria que ampara las ayudas que reciben debe
predominar sobre cualquier interés pecuniario. Además, es
probable que los funcionarios vean congelados, vía Ley de
Presupuestos del Estado, durante los próximos años. Tampoco
sería positiva una respuesta agresiva por parte de los
representantes de los trabajadores. Deben exigir que, si la
situación mejora, se corrijan los recortes, pero no esquivar
el bulto en un momento en que miles de personas pierden su
trabajo y los empleados públicos lo tienen asegurado.
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OPINIÓN / EDITORIAL
