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Un año después de que su camino empezase a parecer despejado
de obstáculos el Pleno volverá a ver este miércoles el
asunto del Vivero Industrial que la Cámara de Comercio desea
colocar junto a los polígonos del Tarajal, en un área para
la que los empresarios decían tener un acuerdo con la Ciudad
para habilitar un nuevo vial, una garita de vigilancia y
aparcamientos. Para facilitar el proyecto de la Cámara el
Pleno aprobó declararlos terrenos de utilidad pública, pero
ahora el Juzgado dice que no.
El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 1 de Ceuta ha acordado estimar la solicitud que, a
través de un recurso, le trasladaron los presidentes de los
cuatro polígonos del Tarajal al ojeto de “suspender la
efectividad” del Acuerdo Plenario que por unanimidad se
adoptó el 24 de julio de 2008 aprobó la declaración de
utilidad pública o interés social como uso permitido para la
ubicación de un Vivero Industrial en una zona aledaña a los
polígonos industriales del Tarajal en suelo “no urbanizable
común”.
El asunto volvió al Salón de Plenos en septiembre de 2008,
cuando tras múltiples intentos de conciliación entre la
voluntad de la Ciudad y la Cámara de Comercio, por un lado,
y los empresarios, por otro, los diputados desestimaron,
contra el criterio de UDCE-IU, un recurso de estos últimos
para dejar sin efecto la primera resolución institucional.
Los empresarios basaban su protesta en que: 1) había un
acuerdo con la Ciudad para ubicar allí un vial de acceso a
La Chimenea, aparcamientos y una garita de vigilancia,
actuaciones todas ellas que según su versión también
estarían avaladas por los propietarios del solar,
presuntamente enfrentados a algunos de los portavoces de los
comerciantes; 2) su opinión debería tener preferencia sobre
la de la Cámara, que tiene una subvención para la puesta en
marcha del Vivero de un millón de euros; y 3) hay suelo
industrial suficiente en la ciudad para llevar el proyecto a
otro lugar.
Ante la falta de atención por parte de la bancada Popular
los empresarios llevaron el asunto a los Tribunales bajo el
principio fundamental de que “la creación de riqueza no
puede erigirse en un interés más digno que la legalidad
urbanística”, un principio establecido por el Supremo en
2006.
La Ciudad Autónoma siempre ha negado que hubiese acuerdo
alguno entre el colectivo de empresarios del Tarajal y el
Gobierno municipal y no ha cejado en su defensa, como la
Cámara, de la idoneidad de ese suelo para acoger dicho
Vivero Industrial, conveniencia que según ha reiterado en
varias ocasiones el consejero de Fomento, Juan Manuel
Doncel, también está avalada por el correspondiente informe
de los Servicios Técnicos de Fomento.
El auto judicial, sin embargo, deja en el aire la
incertidumbre de encontrar otro solar (¿y otra
financiación?) para el proyecto del Vivero. Fuentes de UDCE-IU
insistieron ayer en que “lo mejor” hubiera sido “dejar el
tema sobre la mesa, como pidió el Grupo.
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