La Ciudad Autónoma de Ceuta aún no tiene decidido cuál será
el sentido de su voto sobre el nuevo sistema de financiación
autonómica que la vicepresidenta del Gobierno central, Elena
Salgado, presentó el pasado domingo, pero tampoco ha
descartado ninguno de ellos. “No tendremos más escrupulos
con nuestro voto que el de cómo salgan parados en él los
intereses generales de los ceutíes, posición que no
contradice el análisis serio y riguroso que a nivel general
hace de la propuesta el PP”, explicó ayer Márquez.
El consejero de Hacienda de la Ciudad Autónoma, Francisco
Márquez, pasó el día de ayer, como el resto del año, entre
números. Esta vez, entre los del nuevo sistema de
financiación autonómica presentado formalmente el domingo
por el Gobierno central, cuyas tripas se dedicó a
desentrañar junto al presidente Vivas, y los de sus
teléfonos móviles.
El objetivo, calibrar a fondo la bondad del sumatorio que
reportará a Ceuta 13,2 millones de euros anuales más a
partir de 2011 y valorar las posibilidades de elevar dicha
cifra hasta los 15 millones en los que el Ejecutivo local
entiende que está el “suelo” que permitiría a Márquez asumir
que su repercusión sobre los intereses generales de los
ceutíes es la mínima necesaria para sumar su voto al de las
Autonomías socialistas a favor del nuevo sistema.
Según diversas fuentes que el consejero de Hacienda se negó
ayer a corroborar las expectativas de lograr ese último
incremento del montante total inicialmente asignado son
buenas.
“Nosotros debemos responder de nuestras gestiones ante los
ciudadanos de Ceuta y el Gobierno central, ante todos los
españoles, por lo que nuestro voto dependerá única y
exclusivamente de cómo salgan parados en el nuevo sistema
los intereses generales de los ceutíes”, repitió el
consejero, que no considera que sea ni incompatible ni
contradictoria dicha posición con la de su partido a nivel
nacional.
“El PP ha hecho un análisis serio y riguroso a nivel macro
que nos parece coherente y lógico, pero a nuestra escala lo
que debemos primar son los intereses de Ceuta y de los
ceutíes”, completó Márquez.
Y a Ceuta, como al resto de Autonomías, le hubiera gustado
que su pedazo de la gran tarta de cerca de 11.000 millones
de euros que el Estado está dispuesto a repartir hubiera
sido más grande, pero tampoco está descontenta del todo con
el pedazo que le ha correspondido.
¿Por qué? Sobre todo porque el 80% de los fondos del nuevo
sistema están centralizados en el Fondo de Garantía de
Servicios Públicos Fundamentales, nacido para “asegurar
igual financiación por habitante en todas las Comunidades
Autónomas para la prestación de los servicios sanitarios,
educativos y sociales”, competencias que Ceuta no tiene
asumidas en ningún caso.
Cooperación y Suficiencia
Excluidos de ese instrumento por no tener transferidos los
servicios que cubre, el avance de la Ciudad en los nuevos
instrumentos, como el Fondo de Cooperación, es
proporcionalmente aún más considerable. Esta última
herramienta se creó “para cumplir con el objetivo último de
convergencia en los niveles de vida de los ciudadanos con
independencia de su lugar de residencia” y de ella el
documento que mañana llevará el Gobierno al CPFF se prevé
que la ciudad perciba este año 5,85 millones presupuestados
por separado.
Del Fondo de Suficiencia Global, que el año pasado reportó a
Ceuta algo más de 15 millones de euros y que sirve para
financiar “el resto de competencias transferidas, bien sean
servicios no fundamentales o competencias no homogéneas”
salen los otros 7,3 millones de euros adicionales que se
destinan inicialmente a la ciudad autónoma como extra sobre
lo que venía percibiendo hasta ahora.
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Cuatro fondos para el nuevo marco
El nuevo sistema de financiación
está basado en cuatro fondos: 1) el de Garantía de Servicios
Públicos fundamentales, que supondrá el 80% de los recursos
del sistema, se financiará con el 75 por ciento de los
tributos cedidos a las comunidades autónomas (la cesión del
IRPF pasa del 33% al 50%; la del IVA, del 35% al 50%, y la
de los impuestos especiales, del 40% al 58%) y un 5% de ese
volumen procedente de la Administración central; 2) el de
Competitividad, dotado al 100% con recursos del Estado “para
reducir las diferencias de financiación per cápita”; 3) el
de Suficiencia Global, sufragado íntegramente por el Estado
para “asegurar el mantenimiento del ‘statu quo’ de las
comunidades y financiar el resto de las competencias
transferidas y 4) el de Cooperación, que también se nutrirá
al 100% con recursos de la Administración central del
Estado, se distribuirá entre las comunidades de menor renta
y las que registren una evolución negativa en su población.
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