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Alrededor de 300 personas están desarrollando en Melilla
penas y medidas alternativas tras ser condenadas por la
autoridad judicial, aunque se prevé que esta cifra se eleve
hasta el millar a lo largo del año.
En declaraciones a los periodistas, el director general de
Gestión de Recursos de Instituciones Penitenciarias, Antonio
Puig, ha subrayado el auge que ha tenido este tipo de
condenas debido a los cambios que se han producido en el
Código Penal y la aparición de nuevas conductas penadas,
sobre todo en el ámbito del tráfico y la seguridad vial.
De hecho, en la actualidad hay 64.000 internos en régimen
ordinario en los centros penitenciarios de todo el país
(excepto Cataluña), mientras que el número de sentencias de
penas y medidas alternativas se eleva a los 133.000.
Por esta razón, Instituciones Penitenciarias ha tenido que
hacer frente a esta nueva situación aumentando sus recursos
humanos, económicos y materiales, utilizando nuevos sistemas
informáticos más eficaces “para atender una demanda que es
creciente y equipara el sistema penitenciario español a los
sistemas más avanzados en el mundo”.
En este sentido, Puig ha inaugurado hoy junto al delegado
del Gobierno, Gregorio Escobar, la nueva sede del Servicio
de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de Melilla, que
está ubicada en el Edificio Monumental y triplica la
superficie de las instalaciones con las que se contaba hasta
ahora, y ha supuesto una inversión de 220.000 euros.
Las personas condenadas a este tipo de penas y medidas
alternativas no tienen necesariamente que ser internos en
centros penitenciarios, sino que en muchos casos, el juez
dictamina que hagan el trabajo en beneficio de la comunidad
directamente, sin necesidad de ingreso en prisión.
Las penas y medidas alternativas suelen ser colaboraciones
con instituciones públicas, ONG y fundaciones, normalmente
contraprestaciones sociales como apoyo en asuntos de
jardinería, atención a personas con discapacidad y servicios
sociales.
Según Puig, existe una gran variedad de puestos en el
sistema de penas y medidas alternativas para que el puesto
esté condicionado al perfil de la persona condenada, con el
objeto de que “pueda restituir el daño que ha hecho a la
sociedad de una manera coherente y adecuada a sus
características”.
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