La Consejería de Economía de la Ciudad Autónoma encabeza,
con la colaboración estrecha de la de Sanidad y Consumo y la
implicación del resto de áreas del Gobierno local, los
trabajos encaminados a la elaboración de un informe que
avale desde el punto de vista jurídico la posibilidad de que
el Estado intervenga los precios de la línea marítima.
La Ciudad Autónoma tiene “encaminado” un informe de carácter
jurídico para defender ante el Ministerio de Fomento, cuyo
titular, José Blanco, prometio una visita a Ceuta para la
próxima semana aún sin confirmación oficial, la “viabilidad”
de que la Administración estatal “intervenga” los precios de
la línea marítima Ceuta-Algeciras estableciendo una tarifa
general máxima “racional y razonable” que el Ejecutivo local
entiende que debería rondar el precio que actualmente paga
un residente por cruzar el Estrecho, algo más de 20 euros.
El informe, detalló ayer el consejero de Economía, Guillermo
Martínez, no entrará en números concretos ni en la
naturaleza exacta de la intervención (podría ser sobre una
naviera o sobre todas; para todos los horarios o sólo en
algunas rotaciones...), pero dejará claro que en cualquier
caso tendría que seguir siendo compatible con la
bonificación por residencia (el 50% de la tarifa).
“Ni la liberalización de la línea, en 1999, ni el contrato
de interés público, que reporta a una naviera
[Trasmediterránea] unos 9 millones anuales han tenido el
efecto requerido, pues seguimos teniendo un precio un 500%
más caro que el de la línea Valencia-Barcelona y más
gravoso, por kilómetro, que el del helicóptero a Málaga”,
explicó Martínez, quien recordó que Ceuta es el único
territorio español que no dispone de otro medio de
transporte alternativo y que el precio del existente es “el
principal problema económico” de la ciudad.
Según los cálculos de la Ciudad el precio del billete de
barco se ha encarecido un 70% durante los últimos 9 años y
ha habido un incremento de las rotaciones que no se
corresponde con una subida coherente de la demanda de
billetes.
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