CCOO lo hizo ante la Delegación del Gobierno y UDCE-IU lo
hará ante el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica. El
portavoz del primer grupo de la oposición en la Asamblea,
Mohamed Ali, anunció ayer que le trasladará una queja al
entender que alguno de los requisitos que exige el Consulado
de España en Tetuán para conceder los permisos de
reagrupación familiar a ceutíes casados con marroquíes no
están ajustados a derecho.
El elemento central de la queja de UDCE-IU será la exigencia
de que las mujeres del país vecino que, aún después de
casarse con ciudadanos españoles, tengan facturas pendientes
con el INGESA las satisfagan antes de poder regularizar su
situación en España. Como Comisiones Obreras, UDCE-IU
entiende que “no es admisible” que el Consulado requiera a
los solicitantes de reagrupación familiar un certificado
conforme no mantienen ninguna deuda con el INGESA por haber
recibido asistencia o tratamiento médico con anterioridad a
la solicitud de expedición del visado que piden.
“Nosotros no ponemos en duda ni negamos el deber y el
derecho de los organismos públicos a cobrar las deudas que
puedan acumular sus usuarios”, apuntó Ali, “pero entendemos
que tal requisito, no previsto legalmente para este
procedimiento, lleva a un gran número de personas,
fundamentalmente mujeres que están casadas y son madres de
españoles, a una situación de irregularidad en nuestro país
por haber dado a luz aquí, una necesidad médica de
emergencia”.
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