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En rueda de prensa, el secretario de la Federación de
Servicios y Administraciones Públicas (FSAP-CCOO), Francisco
López, enumeró ayer algunas de las cuestiones que, según
dijo, incumple la empresa adjudicataria, Eulen Servicios
Sanitarios. Entre estos supuestos incumplimientos destaca el
impago de la paga extraordinaria de junio y el hecho de que
no se haya actualizado las retribuciones de los trabajadores
con la subida del IPC a principios de año.
Sobre esta última cuestión, López acusó a la empresa de “dar
largas” al sindicato, al que ha citado el 15 de julio para
negociar esta subida del IPC. Sin embargo, el dirigente
sindical recordó que esta actualización salarial “debe ser
aplicada a principios de año” sin que sea necesaria la
negociación, ya que así viene estipulado en el convenio
colectivo.
Lo mismo ocurre con las pagas extraordinarias, que según el
convenio son dos al año, que deben ser abonadas en junio y
diciembre. Lejos de eso, López aseguró que la empresa no ha
pagado la paga extraordinaria de junio, alegando que debe
ser abonada el 15 de julio, como establece el convenio
estatal. Sin embargo, el responsable comisionista insistió
en el que el convenio laboral publicado en el BOME establece
que la primera paga extraordinaria debe ser satisfecha a los
trabajadores en junio, razón por la que CCOO ha presentado
una denuncia ante la Inspección de Trabajo.
López aseguró además que la empresa ha dejado de abonar el
plus de transporte y el de nocturnidad, a pesar de que ambos
derechos están recogidos en el convenio colectivo publicado
oficialmente en el BOME. Esto ha provocado una considerable
pérdida salarial a los trabajadores del Centro ‘Gámez
Morón’, ya que se trata de una “importante cantidad de
dinero”. Por esta razón, CCOO presentó el mes pasado un
conflicto laboral que está pendiente de juicio.
Además, el dirigente sindical criticó que la empresa se haya
negado a negociar el cuadrante de horarios para los 55
trabajadores que están en la plantilla del Centro 'Gámez
Morón', algo que también está recogido en el convenio
colectivo y que la empresa se niega a reconocer desde
septiembre del año pasado.
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