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Las razones del PSOE para sustentar sus reticencias a la
elevación del rango institucional de la ciudad al de
Comunidad Autónoma van “más allá” de lo estrictamente
político. El pasado 22 de junio, tras reunirse en Ferraz con
la secretaria federal de Política Autonómica socialista, Mar
Moreno, el líder del PSOE ceutí, José Antonio Carracao,
expuso sin eufemismos su apuesta por “no perder el vínculo
especial que mantenemos con el Estado”, esto es, por
abandonar el debate “nominalista” de ser Comunidad y
centrarse en desarrollar el actual modelo.
El argumento de fondo del partido es, según aseguran fuentes
del entorno más directo de Carracao, “fundamentalmente
técnico”. “Todos queremos ser iguales que los demás
españoles, pero lo que no podemos es pedir algo sin saber
cuál es la consecuencia de obtenerlo o sin estar dispuestos
a asumirlo”, advierten los responsables del partido.
Según sus cuentas, se calcula que Ceuta dejaría de percibir
un 40% de lo que actualmente recibe en forma de financiación
autonómica, inversión estatal o transferencias (también en
forma de convenios). Además, habría que sumar lo que la
hipotética nueva Comunidad estaría obligada a asumir “por
ley” por equipararse al resto de Administraciones, una cifra
relativa “difícil” de trasladar a números absolutos.
“En el actual modelo de financiación autonómica, por
ceñirnos a lo que ya conocemos, pero también a nivel de
Presupuestos Generales del Estado y otros, se establecen
como criterios fundamentales de reparto la población de cada
región, su territorio y la dispersión de sus habitantes”,
explican desde la calle Daoiz.
“Si a Ceuta se le aplicasen dichos parámetros de forma
estricta, como al resto de regiones, ello supondría un
desastre económico, por lo que el Estado debería devolvernos
a una catalogación singular, que es lo que ya tenemos; es la
pescadilla que se muerde la cola”, ejemplifican los
socialistas, que además de sobre las aportaciones advierten
sobre otras obligaciones.
“No tendría mucho sentido renunciar a competencias como
Sanidad y Educación y seguir como hasta ahora, o asumirlas
bajo el falso argumento de que sólo se trata de que nos
transfieran el presupuesto estatal porque cualquiera sabe
que, por ejemplo en el ámbito sanitario, la desviación anual
nunca baja del 5% o 10%”, amplía la dirección socialista,
que además avisa de que “legalmente está establecido que
deberíamos duplicar la Administración o contar con
determinadas infraestructuras como un laboratorio de
referencia, con un coste absolutamente inasumible”.
“Según nuestros cálculos es económicamente inviable asumir
ser Comunidad Autónoma como tal porque, una vez aplicada la
Transitoria V, inmediatamente deberíamos pedir un régimen
distinto y particular, que es lo que ya tenemos”, razonan.
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partido socialista 
