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La espinosa pelota de la gestión económica del Consejo de la
Juventud de Ceuta (CJCE) durante los últimos años está ya en
manos del juez después de que la Fiscalía haya decidido
presentar una denuncia por presunta malversación continuada
de fondos contra su última presidenta, Mariam Mohamed, según
informaron ayer a este periódico fuentes judiciales. La
coalición UDCE-IU, que llevó el caso a los tribunales, y la
Ciudad, que se reservó el derecho a actuar judicialmente,
deberán decidir ahora si ejercen la acusación particular
contra Mohamed, cuyas explicaciones el Ministerio Público
tilda de “vagas”.
El silencio de Mariam Mohamed o lo que puede ocultar este
acabarán llevándola, salvo sorpresa, ante el juez. El
Ministerio Fiscal ha decidido, concluidas las diligencias
previas incoadas y de acuerdo con lo previsto en la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, denunciar a la ex presidenta del
Consejo de la Juventud de Ceuta (CJCE) por un presunto
delito continuado de malversación de fondos públicos. Y es
que a juicio de la Fiscalía de Ceuta ha quedado probado que
Mohamed incurre en el “engarce jurídico” necesario para
suponer la comisión de tal delito en tanto que “detentaba”
la posesión previa y la “disponibilidad” de los bienes del
CJCE.
Además, la Fiscalía considera que existen indicios
suficientes de que durante su etapa al frente del organismo
destinó “parte de dichos bienes a adquisiciones que en
principio no tenían nada que ver con su función”, gastos
entre los que cita sin limitarlos varios realizados en
“teléfono, ropa y establecimientos de restauración”.
Según informaron ayer fuentes judiciales a la Fiscalía le
parecería asumible que la máxima responsable del Consejo
hubiese podido disponer de ciertas “compensaciones
protocolarias”, pero no la “vaguedad” de las explicaciones
que Mohamed aportó en su testifical “a la hora de justificar
los gastos realizados y sobre todo de identificar a los
beneficiarios”. Dos días antes de la Asamblea Ordinaria del
CJCE que iba a celebrarse el 4 de abril el que iba a ser
sustituto de Mohamed, Damián Castañeda, y quienes le iban a
acompañar en su futura Comisión denunciaron la existencia de
un “agujero contable” en las cuentas del organismo superior
a 50.000 euros, deuda no justificada que acabó con la
disolución del Consejo tras negarse la Ciudad a darle nuevas
subvenciones, de donde procedían exclusivamente los ingresos
del mismo.
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