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La intervención del Tribunal Supremo marcó un antes y un
después en el enjuiciamiento de los imputados de la
Operación Marinas. Mientras la Audiencia dictaba sentencias
de más de 4 años de prisión, el órgano superior marcó un
criterio uniforme alegando que no se demostraba que hubiese
una organización. Ahora, los acusados se enfrentan a 6
meses.
Durante los primeros procedimientos, la Sección VI de la
Audiencia Provincial caminó por la línea de dictar
sentencias condenatorias de 4 años, 7 meses y 15 días de
prisión para los imputados al entender que estaba acreditado
el delito de blanqueo de capitales y que el dinero de la
adquisición de las embarcaciones procedía del tráfico de
drogas; además de considerar que esos ‘hombres de paja’
actuaban dentro del marco de una organización.
Los indicadores de las sentencias medían el para qué de la
embarcación, cómo se había adquirido y si estaba
involucrada, o uno de sus conductores, en el tráfico de
estupefacientes. Y todos, como pruebas de indicios. Es por
ello que varios letrados de la ciudad plantearon recursos de
casación que llegaron a manos del Tribunal Supremo, que
absolvió a varios imputados. “Desde este órgano consideraron
que el informe de la Guardia Civil no era suficiente para
acreditar la vinculación con el narcotráfico que se basaba
en notas de archivo”, recordó el letrado ceutí.
A esta iniciativa se unieron otros abogados defensores por
lo que el Tribunal Supremo buscó un criterio uniforme para
todos los procedimientos que llegaban desde Ceuta,
produciéndose un giro inesperado en la Operación Marinas.
Se tomó como partida que el marco de la organización no
estaba probado y el Tribunal Supremo rebaja las penas a 3
años y 3 meses.
Al ser tan numerosos los procedimientos, comenzaron a
cambiar los criterios de defensa de los abogados que miraban
los informes detalladamente para ver de qué manera se podía
llegar a la libre absolución. Y entonces aparecióla figura
jurídica de la conformidad a través de la Fiscalía, que
concede el beneficio de reducir la pena a 2 años.
Cuando la Guardia Civil se saturaba por la elaboración de
informes que pedían los juzgados, letrados y Fiscalía
llegaba a un acuerdo antes de ir a juicio y la condena
quedaba en un año de presidio.
Una vez que se limpiaron casi todos los juzgados, la
Fiscalía, para evitar que los procedimientos se ralentizasen
aún más por estos informes, pidió para los imputados la pena
de seis meses, lo que puede suponer un beneficio actual para
estos últimos sin que lleguen dichos informes.
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Operación marinas, contra el blanqueo
de capitales
