Cuando en el CES se esperaba una de esas votaciones más que
reñidas con dos bandos enfrentados para sacar adelante una
propuesta económica llegó la Ciudad con un as bajo la manga
que aparcó el debate para otra ocasión. Justo antes de la
votación, el representante de la Ciudad en el CES, José
Diestro, planteó la posibilidad de clarificar la propuesta
de extensión del Plus de Residencia al sector privado con la
realización de dos informes. Todos salvo UGT aceptaron y la
votación se pospuso.
“La Ciudad ha estado estudiando la propuesta de extender el
plus de residencia, tal y como está planteada, para poder
votar a favor o en contra pero nos faltan argumentos para
pronunciarnos”, reveló ante el resto del Pleno José Diestro.
“Nos asaltan dudas, sobre todo de cómo afectaría al empleo
la puesta en marcha de esta medida”, agregó.
De esta forma, el representante de la Ciudad propuso
paralizar la votación y realizar dos informes: uno de
legalidad y otro de repercusiones económicas sobre el empleo
y la renta. “Nuestra intención no es otra que llegar al
mismo fin por otras vías, si se demuestra que esta
iniciativa no tiene base legal”, reconoció.
La declaración de este rompió todos los esquemas previstos
pues significaba la paralización de la votación de la
propuesta, que era para lo que se había convocado al Pleno.
Una vez comprobados los reglamentos y certificado que había
lugar la proposición del representante de la Ciudad se
inició un debate para ver qué se hacía.
Desde CCOO, José Antonio Alarcón, se mostró de acuerdo con
parar la votación y encargar los dos informes si con ello se
lograba “mayor acuerdo y consenso de las partes respecto a
la propuesta”.
Mientras, desde UGT, Antonio Gil, habló de “marear la
perdiz”. “Este asunto tiene toda la legalidad del mundo”,
mantuvo, instando a continuar con la votación.
La Confederación de Empresarios (CECE) se mostró en sintonía
con la intervención del representante de la Ciudad. El
abogado de la Patronal, Pedro Contreras, evidenció las
“serias dudas” acerca de la legalidad de la propuesta ya que
entienden que supone una “interferencia en la negociación
colectiva”.
La Cámara de Comercio coincidió con la CECE y la Ciudad e
instó a seguir recopilando información para contar con más
criterios a la hora de votar.
Gil volvió a intervenir para manifestar que los estudios
propuestos “no van a llevar a ninguna parte”. Sus
declaraciones iniciaron una diatriba con los representantes
de la CECE que acabó sofocada. Desde CCOO recordaron que
quieren que la propuesta cuente con el apoyo institucional y
que si para ello hay que esperar dos meses más “no nos vamos
a morir”, indicó José Antonio Alarcón.
Finalmente, el representante de la Ciudad quiso dejar claro
que la propuesta no tiene como objetivo dilatar el debate:
“Podíamos habernos abstenido, pero este es un asunto de
calado y creemos que debemos posicionarnos”.
Comisión Permanente
Acabado el debate se decidió llevar este asunto la próxima
semana a la Comisión Permanente para que allí se oriente la
propuesta. Será entonces cuando, según precisó el presidente
del CES, Basilio Fernández, se detallen los plazos para
hacer los informes, quien los hará, cómo se financiarán y
qué cuestiones deben indicar los estudios.
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