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Respondiendo a la denuncia realizada por un ciudadano ceutí,
la Unión Europea ha respaldado su petición sobre la
bonificación del transporte aéreo y marítimo a los
familiares extranjeros de residentes. Concretamente, la
Dirección de Derechos Fundamentales y Ciudadanía de la
Comisión ha contradicho los argumentos de España para
rechazar el abono de ayudas para los desplazamientos.
La Dirección General de Justicia, Libertad y Seguridad de la
Comisión Europea y más específicamente su departamento de
Derechos Fundamentales y Ciudadanía “no está de acuerdo” con
la interpretación que el Gobierno de España hace de la
Directiva 2004/38/CE, relativa al Derecho de libre
circulación y residencia de los ciudadanos de la Unión y de
los miembros de su familia. Según la misiva que el jefe de
la citada Unidad, Ernesto Bianchi, ha remitido a un
ciudadano de Ceuta que puso en su conocimiento la negativa
de las autoridades españolas a bonificar el transporte de
los familiares extracomunitarios de residentes españoles, el
Ejecutivo de Zapatero sostiene que el Real Decreto 1316/2001
que regula la bonificación de las tarifas del transporte
aéreo y marítimo “no se opone al Derecho comunitario”.
“Consideran que”, explica Bianchi en su carta, “al no
concederse tarifas de transporte bonificadas a los
ciudadanos de terceros países miembros de la familia de
ciudadanos españoles, no se deben conceder tarifas
bonificadas a los ciudadanos de terceros países miembros de
la familia de ciudadanos de la UE”.
“La Comisión no está de acuerdo con esta interpretación”,
deja claro la Dirección General de Justicia, a juicio de
cuyos responsables “los ciudadanos de terceros países
miembros de la familia de ciudadanos de la UE deben tener
los mismos derechos que los ciudadanos de la UE, tal como se
establece en la Directiva 2004/38/CE.
“Seguiremos insistiendo en su denuncia en el marco del
examen de la conformidad global de la legislación española
con la Directiva, actualmente en curso”, concluye el
argumentario de la Comisión.
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, incluye una
referencia sobre este asunto en su último Informe Anual,
relativo a sus actividades el año pasado. En ella se refiere
a la negativa a bonificar el transporte de los extranjeros
no comunitarios de la ciudad autónoma “a pesar de ser
residentes legales y, en algunos casos, casados con
ciudadanos españoles o comunitarios”.
Múgica formuló durante 2008 dos recomendaciones a la
Secretaría General de Transportes del Ministerio de Fomento
sobre “la necesidad de que se procediera por parte del
Ministerio de Fomento a tramitar la oportuna modificación de
la normativa vigente encaminada a equiparar a los ciudadanos
extranjeros así como a evaluar el coste económico de dicha
reforma”. “Desde el Ministerio de Fomento se ha asumido el
criterio expresado por el Defensor del Pueblo de ampliar el
derecho a percibir dichas subvenciones al colectivo de
ciudadanos citados, incluyendo un texto en este sentido en
el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 2009, junto con la solicitud de los créditos
presupuestarios adicionales estimados para el gasto que
representará dicha medida”, refiere.
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