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El Gobierno de Melilla mostró ayer su “voluntad política” de
resolver el problema de las empresas chatarreras y las
plantas de hormigón que se asientan ilegalmente sobre suelo
rural, lo que motivó una denuncia del Servicio de Protección
de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona). Este
problema surgió a finales del año pasado, cuando el Seprona
denunció la actividad de cuatro empresas hormigoneras de
Melilla asentadas desde hacía años en suelo rural por la
falta de superficie industrial, lo que obligó a la Ciudad
Autónoma a abrir un proceso de regularización por el que
concedió una licencia de diez años para que siguieran
ejerciendo su actividad mientras se buscaba una solución
definitiva.
Esta falta de suelo industrial afectaba también a tres
empresas chatarreras y dos hormigoneras (Norsaconta S.L. y
Doranjo S.L.), que no fueron denunciadas por el Seprona,
razón por la que la Ciudad Autónoma denegó la petición de
licencia provisional que sí se concedió a las plantas
hormigoneras. Esta decisión de no conceder la licencia
provisional fue reafirmada ayer por el Pleno de la Asamblea,
que con los votos a favor del PP y el rechazo de la
oposición desestimó los recursos interpuestos por las tres
empresas chatarreras, Norsaconta y Doranjo.
Durante su intervención en la sesión plenaria, el consejero
de Fomento, Rafael Marín, subrayó que por parte del Gobierno
local “existe voluntad política de sacar adelante el tema de
las chatarreras, pero siempre dentro de la legalidad”.
El consejero recordó que Melilla carece actualmente de suelo
industrial, y las naves que hay disponibles en el Polígono
Sepes no tienen la capacidad suficiente para albergar la
actividad industrial de estas empresas, lo que ha obligado a
la Ciudad Autónoma a buscar suelo industrial en la revisión
del PGOU.
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