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Es de todo punto gratificante
saber que tanto la administración general del Estado como la
local existe plena coincidencia en las necesidades de una
ciudad como Ceuta, alejada de la península, de reducido
tamaño, de poco suelo y de alta densidad poblacional, más el
añadido de ser frontera terrestre de Europa con Marruecos.
Una ciudad que pese a estos condicionantes debe prestar, en
orden a la igualdad entre los españoles, unos servicios
básicos que convergentes con los que se presntan en
cualquier otra región de España.
La población es el elemento fundamental a ponderar en el
nuevo sistema de financiación, pero también hay que tener en
cuenta que hay comunidades en las que ésta ha disminuido,
otras que padecen de forma más sensible su envejecimiento,
otras que la tienen muy joven, otras que son insulares... y
otras que son como Ceuta y Melilla, cuyas propuestas no sólo
son razonables, sino asumibles en lo que significa el
cómputo general económico de lo que supondrá verdaderamente
la financiación en términos globales en el conjunto de
España.
Se habla de llegar a un máximo de 15 millones para Ceuta en
un contexto de entendimiento entre ambas administraciones
bajo los criterios singulares de apariencia claramente
distinta al resto de autonomías españolas. Ceuta no tiene
una gran población, ni mucho menos, pero su desarrollo, su
posibilidad de expansión, y su capacidad para que la
administración local suministre servicios públicos
esenciales decrece ostensiblemente respecto de otras
autonomías de mayor extensión, de mayor población y sin los
graves problemas que pueden ocasionar compartir servicios
con ciudadanos de terceros países por ser límite geográfico
de un país no europeo. Circunstancias que han de poder ser
atendidas, como así se ha destacado por el vicepresidente
del Gobierno. En ese marco de entendimiento, cooperación y
lealtad institucional se juega el mejor partido para Ceuta.
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OPINIÓN / EDITORIAL
