Mientras Francia debate, instancias de un diputado
comunista, la posibilidad de prohibir el uso del burka en
las calles tras vetar, en 2004, que las musulmanas lleven
hiyab en las escuelas y en los lugares públicos el
Ministerio de Educación no tiene pensado variar su criterio
sobre el uso del pañuelo en los colegios: el “derecho a la
Educación” está por encima del de los colegios privados
concertados a censurarlo en sus reglamentos internos.
El Ministerio tiene un criterio firme con respecto al uso
del pañuelo islámico, el velo, el hiyab, en los colegios
privados concertados, sobre todo en Ceuta. Tras dos años
encontrándose con fricciones sobre este asunto (en octubre
de 2007 la Dirección del Severo Ochoa no permitió a dos
niñas durante varios días su entrada con velo después de que
el Consejo aprobase un reglamento que prohibía el uso de
prendas ajenas al uniforme estipulado y el año pasado
ocurrió lo mismo en el San Daniel) fuentes de toda solvencia
del departamento que dirige Ángel Gabilondo han explicado
que seguirá primando el “derecho a la Educación” de esas
jóvenes “respetando el sistema educativo general y las
circunstancias de la ciudad” sobre el de los centros
privados concertados a impedir el acceso de estudiantes con
dicha prenda.
En los dos casos referidos el Ministerio resolvió la
situación por la vía de la mediación, “recomendando”, pues
las fuentes consultadas reconocen que con la Ley Orgánica de
Educación en la mano “no se puede obligar” a los centros, la
admisión de las alumnas con el velo islámico.
Todo apunta, a que este año, con más o menos sigilo, se
reproducirán las diferencias de criterio. El Ministerio, sin
embargo, lo tiene claro. Si se trata de un colegio privado
concertado, el centro que contravenga las directrices
marcadas al respecto “podría perder su concierto con la
Administración pública”. En el caso de un centro
exclusivamente privado, de los que en Ceuta no existe
ninguno para Primaria ni Secundaria, pero sí en Bachillerato
(el San Agustín), el colegio “tiene libertad para hacer lo
que considere oportuno”.
La Confederación Española de Centros de Enseñanzas (CECE) y
otros expertos consideran, separando la cuestión educativa
de la ideológica-religiosa, que los centros “tienen derecho
constitucional a establecer las directrices de su proyecto
educativo en total libertad ”.
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