Expoceuta no es sólo una muestra de productos y
corporaciones, también un lugar para la actualización de la
formación para asesores y empresarios. Un claro ejemplo de
ello es que, nada más terminar la visita del presidente de
la Ciudad y el delegado a Expoceuta comenzó una charla de un
representante de la prestigiossa firma Garrigues sobre las
nuevas cargas que implican las operaciones vinculadas en el
impuesto sobre sociedades.
Todo cambio en la normativa implica novedades y los
afectados, en este caso asesores y empresarios, deben hacer
todo lo posible por ponerse al día. Esta charla-coloquio
tenía ese mismo objetivo, dar a conocer los rasgos generales
de la nueva regulación en relación con las operaciones
vinculadas en el Impuesto de Sociedades. Una serie de cargas
que han entrado en vigor en febrero de este año, pese a que
la nueva norma se publicó en diciembre de 2006. “Son dos
cargas que, anteriormente las tenía la Administración
Tributaria y ahora con la nueva regulación las tendrá que
soportar el contribuyente”, explicó Josep Piñol, economista
de Garrigues.
La primera de las nuevas obligaciones es la necesidad de
valorar en el mercado las operaciones vinculadas y la
segunda es la de documentar la operación siguiendo unos
criterios muy estrictos y previstos en la normativa del
Impuesto de Sociedades. “En caso de no cumplir con alguna de
esas dos exigencias hay un nuevo régimen sancionador,
estricto, que puede tener una incidencia importante en la
tesorería de las compañías”, añadió.
La nueva normativa para las operaciones vinculadas en el
impuesto de sociedades afecta a “muchísimas transacciones,
muy habituales realizadas entre empresas, grupos y socios”,
explicó. Un ejemplo podría ser el de una empresa matriz
española que realiza algún movimiento con su filial
marroquí. En este sentido, Javier Flores, director de
Interservicios recalcó la importancia que para los presentes
tiene este cambio de normativa, dada la importante presencia
la pequeña y mediana empresa en el entramado económico
ceutí. “A nosotros los ceutíes nos afecta mucho porque las
pymes se caracterizan por hacer muchas operaciones que
habitualmente no se documentan, y eso ahora es sancionable”,
argumentó.
Piñol remarcó que esta carga estaba antes en manos de la
Administración y que desde 2006 se ha traspasado al
contribuyente, algo que va en “detrimento” de este y es que
como “carga administrativa y fiscal que es, tiene un algo
coste administrativo”. Estando en una época de crisis, se
puede determinar que este cambio no es beneficioso para las
compañías, apreció.
Por todo ello, conminó a los asesores y empresarios a estar
atentos para no encontrarse con sobrecostes por una mala
aplicación.
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