|
La representante del Ministerio Fiscal en la ciudad solicitó
la pena de un año de prisión y nueve meses de multa a razón
de doce euros diarios para un estanquero por un presunto
delito de falsedad documental. Por su parte, la defensa se
unió a la petición de la fiscal añadiendo los presuntos
delitos de estafa y usurpación de identidad además del abuso
de relaciones personales. Finalmente, la defensa solicitó la
libre absolución de su cliente añadiendo el agravante de
dilaciones indebidas por la lentitud de varios años del
procedimiento.
La historia data de 1992 cuando el propietario de un estanco
de la calle Real le traspasó el negocio a uno de sus
empleados sin cambiar la titularidad del mismo. Al parecer,
dicho estanquero ya presentaba signos evidentes de alzheimer
que posteriormente fueron acreditados por un forense y en
dicho contrato, supuestamente acordaron la cifra de doce
millones de pesetas que, durante el juicio oral de ayer en
el Juzgado de lo Penal número 2, no quedaron acreditados en
el pago por parte del empleado. Los hechos continúan cuando,
en 1998, aparecen unas declaraciones de la renta del estanco
a nombre del anterior y no del empleado, ya supuestamente
propietario del local, acusado del presunto delito de
falsedad documental. Según explicó este, “él me dejó un
documento que me daba autorización para firmar los
documentos ya que la titularidad no la pudimos cambiar y, en
su testamento, le daba permiso a mi hijo para que trabajase
y comprase el tabaco”, argumentó.
Por su parte, y en calidad de testigo, acudió el hermano del
difunto estanquero quien manifestó que “mi hermano nunca
tuvo plenas facultades y lo tuvimos que internar en un
centro. Entonces sufrimos un embargo debido a estas
declaraciones de la renta que él no pudo hacer ni firmar ya
que se declaraba insolvente, no tenía ningún patrimonio, y
cuando vine a buscarlo a Ceuta, era indigente”, concluyó el
testigo.
|
tribunales
