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La Fiscalía ha archivado la causa contra la consejera de
Juventud, Kissy Chandiramani, y la consejera de Sanidad,
Adela Nieto, en las posibles irregularidades administrativas
del Consejo de la Juventud. Esta decisión exime de
responsabilidades penales a la Ciudad aunque podrían existir
las civiles. Las consejeras mostraron su satisfacción ya que
“siempre hemos cumplido con nuestras obligaciones legales”.
El Ministerio Fiscal ha decidido archivar la denuncia
interpuesta por UDCE por un presunto delito de prevaricación
por parte de la Ciudad, concretamente, la consejera de
Juventud, Kissy Chandiramani, y la consejera de Sanidad,
Adela Nieto, ante las posibles irregularidades
administrativas cometidas con el Consejo de la Juventud (CJCE).
El informe emitido por el fiscal, al que ha tenido acceso EL
PUEBLO, confirma la inexistencia del delito de prevaricación
consistente en el actuar del funcionario público dictando, a
sabiendas, una resolución arbitraria. Pues bien, dicho
escrito argumenta que “en el caso actual no ha quedado
acreditado que las resoluciones adoptadas por las
denunciadas fuesen contrarias a la Justicia, la razón y las
Leyes, pues se encontraban amparadas por un Reglamento
aprobado por la propia Asamblea, que permite acceder a
cualquier subvención a cualquier organización o asociación
sin necesidad de que esta haya cumplido sus compromisos con
la Seguridad Social”.
Para continuar con la defensa de Nieto y Chandiramani, el
fiscal ha considerado que “puede, a lo sumo, alegarse que la
autorización de disposición de fondos no fue todo lo
diligente que debería haber sido, pues en ese momento
podrían haberse conocido algunos datos que habrían permitido
sospechar la concurrencia de algún tipo de irregularidad,
pero no arbitraria, pues respondía a la voluntad de
favorecer un buen fin como es la financiación de un órgano
de participación juvenil”, argumenta el documento.
Por su parte, la consejera de Sanidad, Adela Nieto,
manifestó que ”estamos muy satisfechos porque es una
decisión justa ya que no teníamos ningún tipo de implicación
en este asunto. Siempre hemos cumplido con nuestras
obligaciones legales en nuestros cargos como consejeras y
agradecer que todo se haya aclarado con el archivo de las
actuaciones”. En cuanto a las posibles responsabilidades
civiles por la supuesta ilegalidad administrativa que
denunciaba UDCE, “realmente la controversia que había era
por el cumplimiento de la ordenanza que estaba en conflicto
con la legislación estatal. Supongo que si hay alguna
infracción administrativa, ya se verá pero lo que preocupaba
era el tema penal, y teníamos muy claro que nosotras
habíamos cumplido con la legalidad, por ello, estamos muy
satisfechas”, concluyó Nieto.
El líder de UDCE, Mohamed Alí, declaró que “estudiaremos el
archivo por si planteamos algún recurso”.
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