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La propuesta de reforma de la
Ciudad prevé incrementar todas las figuras impositivas del
Estado en Ceuta, un planteamiento que según los cálculos
conllevaría una inyección económica inmediata en la ciudad
de aproximadamente el 5% del Producto Interior Bruto (PIB)
regional, que supera los 1.800 millones de euros, por lo que
la Administración General dejaría de recaudar anualmente
entre 80 y 90 millones de euros. Se trata es de contribuir
de modo significativo a que el modelo de desarrollo
económico de Ceuta y también de Melilla encuentre una
plataforma de empuje notable tras aquella pérdida de la
economía del bazar que se apoyaba exclusivamente en el
carácter de territorio franco. Se ha explicado en reiteradas
ocasiones desde el Ejecutivo local, que se considera agotado
el actual modelo de especificidades fiscales, que data nada
menos que de 1860. Se trata además de un sistema de
compensaciones que permita abaratar el coste efectivo del
transporte marítimo y aéreo de mercancías entre Ceuta y la
península y por una ampliación de las bonificaciones de las
tasas de buque, pasaje y mercancía aplicables en el puerto
de Ceuta cuyo coste asuma el Ministerio de Fomento. Pero
además de lo que plantea la Ciudad Autónoma, el CES señala
que una de las principales reivindicaciones de la patronal
es la de instar a la Administración local a contemplar
también la modificación del Impuesto sobre la Producción,
los Servicios y la Importación (IPSI) como un paso necesario
para fortalecer la economía ceutí. En cualquier caso las
advertencias de que la economía ceutí da síntomas
preocupantes merece una reacción de cierta inmediatez donde
las administraciones públicas han de trabajar con la rapidez
que debe exigirse al objeto de evitar circunstancias de
mayor complicación. Este es uno de los grandes retos que ha
de asumirse primero aquí y posteriormente trasladarlo a los
órganos competentes que den la salida viable para acometer
las bases del que debe ser el nuevo futuro económico de la
Ciudad.
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OPINIÓN / EDITORIAL
