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El representante de prisiones de la Federación de Servicios
y Administraciones Públicas de Comisiones Obreras (FSAP-CCOO),
Manuel Domínguez, criticó ayer “la situación del colectivo
femenino de vigilancia interior en las prisiones españolas”,
que, a su juicio, “se ha visto afectado de forma negativa
con la aplicación de la Ley de Igualdad que ha conllevado la
supresión de las escalas femenina y masculina en el Cuerpo
de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias”.
Para el representate de FSAP-CCOO en el Centro Penitenciario
de Los Rosales, la eliminación de dichas escalas “conlleva
graves perjuicios al colectivo de trabajadoras”, ya que “hay
que tener una idea clara de cómo funciona una prisión por
dentro, los riesgos del trabajo y la responsabilidad que se
les exige a dichas funcionarias”.
De hecho, el sindicato recuerda que dicha situación ha dado
lugar a una Proposición no de Ley presentada recientemente
por el Partido Popular (PP), en la cual expone que “la
separación de funciones de vigilancia directa en una escala
femenina y masculina no es una discriminación, sino la
consecuencia de un criterio de organización del trabajo que
consideramos adecuado y necesario por la especial naturaleza
de dicho trabajo y la forma en que éste se desarrolla”.
“El nivel de conflictividad de los módulos de internos es
muy superior al de las mujeres presas en España”, señala la
ponencia que el PP ha presentado en el control de la acción
del Gobierno, “la diferencia física, las posibles agresiones
de todo tipo dentro de un colectivo en el que un 75 por
ciento son personas con diferentes trastornos que van desde
los psicóticos a los de inadaptación, falta de control o
violencia, entre otros, y que ponen en riesgo la seguridad
física de las funcionarias al margen de otro tipo de
posibles agresiones que se producen en las prisiones”,
concluye.
Sentencia
Existe además una sentencia contra la Subdirección General
de Instituciones Penitenciarias que establece que “la
adscripción a tareas de vigilancia de internos sin la
exigida separación de sexos supone un atentado a la
intimidad de los reclusos/as y una vulneración del estatuto
funcionarial al adscribirles a funciones que no les
corresponde”.
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