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Ramón Antón, defendió ayer la actuación de la Policía Local
durante el derribo de siete trasteros ilegales construidos
en la Urbanización de Las Palmeras, y negó la versión
ofrecida por el diputado de Coalición por Melilla (CPM),
Abdelhamid Mohamed, que hace dos días denunció que había
sido una “actuación brutal”.
el apoyo de la Policía Nacional, fue “correcta y
proporcionada en todo momento”, e incluso la integridad de
los agentes se vio “en peligro” por la agresividad
demostrada por algunos de los vecinos.
Antón explicó que los hechos tuvieron lugar el pasado
viernes 15 a las 8,00 horas, cuando varias patrullas de la
Policía Local, reforzadas por varios agentes de la Policía
Nacional, se personaron en la Urbanización Las Palmeras para
garantizar que se podría llevar a cabo el derribo de los
siete trasteros ilegales, tal y como había ordenado la
Justicia mediante un un auto judicial. Según el consejero,
los propietarios de los trasteros se mostraron colaboradores
en un primer momento y desalojaron los enseres que había en
su interior, hasta que uno de ellos comenzó a insultar y a
agredir a los agentes, hasta el punto de llegar a
amenazarlos con un pico de obra.
Este individuo fue reducido inmediatamente por la Policía
Local y la Policía Nacional, cuerpo éste último que relata
en su informe que “de no haber sido por la rápida
intervención de los funcionarios, la vida de uno de los
agentes [que recibió un puñetazo y varias patadas] hubiera
corrido un gravísimo peligro dada la intencionalidad y la
contundencia del intento de agresión”. Este vecino fue
detenido y presentado en la Jefatura Superior de Policía, y
tras las diligencias iniciadas fue puesto a disposición
judicial, indicó Antón.El consejero negó que en el momento
de los hechos hubiera menores como testigos, ya que la
actuación se realizó “en horario escolar” y, por lo tanto,
“si había niños es que sus padres estaban consintiendo que
no fueran a clase”. Antón también justificó el hecho de que
se presentaran varias patrullas de la Policía Local para
realizar el derribo de los trasteros ilegales, debido a que
el 16 de diciembre de 2008 ya se intentó llevar a cabo sin
éxito la demolición debido a la negativa de los propietarios
y la escasez de efectivos policiales.
Además, en aquella ocasión, algunos de los vecinos hicieron
“amenazas de muerte” al constructor y los operarios que iban
a encargarse de manejar la pala excavadora para proceder al
derribo de los trasteros.
Los hechos
No obstante, Antón recordó que el inicio de los hechos se
remonta a mayo del año pasado, cuando la Consejería de
Fomento solicitó a la Policía Local un informe sobre la
identidad de los propietarios de los siete trasteros
construidos ilegalmente en Las Palmeras. En junio, Fomento
dio a los promotores un plazo de diez días para que
efectuaran la demolición, orden que no se cumplió. El 22 de
septiembre, la Consejería de Fomento inició un expediente de
acción sustitutoria y concedió un nuevo plazo de 15 días
para el derribo, que tampoco se cumplió.
En octubre, los propietarios presentaron un recurso de
alzada, que fue desestimado a finales de ese mismo mes. Ante
esta situación, la Ciudad Autónoma fijó el 10 de diciembre
como la fecha de la demolición, pero finalmente se retrasó
hasta el día 16 por la coincidencia de la Pascua del
Sacrificio. Ese día, la demolición no se pudo llevar a cabo
por la negativa de los propietarios, las amenazas de éstos a
los operarios y la escasez de efectivos policiales.
Por esta razón, el 30 de enero de este año, la Ciudad
Autónoma solicitó al Decanato de los Juzgados una orden de
entrada a los trasteros, que fue emitida el 24 de febrero
por los Juzgados Contencioso-Administrativo números 1, 2 y
3. Finalmente, la Ciudad concedió un plazo para el desalojo
de los enseres de los trasteros que concluía el 30 de abril.
Animadversión
Antón ha acusado al diputado de Coalición por Melilla (CPM),
Abdelhamid Mohamed, de “animadversión” y “fijación obsesiva”
contra los profesionales de la Policía Local, cuerpo al que
ha defendido porque sus integrantes “cada vez están mejor
formados, mejor dotados y dan al ciudadano el mejor servicio
que pueden prestar”.
Asimismo, ha atribuido la denuncia de CPM a un intento de
este partido de “distraer la atención de los ciudadanos”
respecto a las presuntas injurias realizadas contra el
vicepresidente del Gobierno de Melilla, Miguel Marín, desde
un ordenador de la sede del PSOE local y los equipos de dos
miembros de su Comité Ejecutivo.
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