Las informaciones relacionadas con
las irregularidades contables detectadas en las cuentas del
Consejo de la Juventud de Ceuta presidido por Mariam Mohamed
han capitalizado páginas en los periódicos y minutos de los
informativos en las emisoras de radio y televisiones locales
en los últimos días obviando, en todos ellos, la
independencia ideológica y la capacidad de trabajo
demostrada por la ex presidenta, reconocidas públicamente
por muchos en el pasado.
Quizás, sería conveniente recordar otros momentos convulsos
en la historia del Consejo de la Juventud de Ceuta
remontándonos al instante en que, el partido socialista
presiono con virulencia extrema a esta joven presidenta con
la única intención de injerir en las decisiones de esta
circunstancia, que mostró la independencia de una ceutí que
antepuso los intereses de nuestra juventud por encima de
intereses partidistas significando su expulsión inmediata de
esta formación sin recibir apoyo alguno de quienes habían
sido sus compañeros.
Evidentemente, no voy a defender la gestión desarrollada
durante estos años por esta Presidenta cuyas presuntas
“irregularidades” han sido detectadas y dadas a conocer
por quienes la expulsaron, encontrándose en estos momentos
en manos de la Fiscalía quien las estudiará y decidirá sobre
la existencia de indicios suficientes para iniciar el
correspondiente procedimiento judicial o declarar su
desestimación. Por tanto, pretender responsabilizar
judicialmente a miembros del Gobierno en estos momentos es
precipitado e irresponsable ya que, quien debe decidir al
respecto debe trabajar con la independencia necesaria.
Por tanto, asistimos al linchamiento público contra quien
protagonizó la mayor demostración de independencia política
en los últimos años. Cuyas presuntas “irregularidades
contables” han sido filtradas interesadamente por
quienes recibieron como respuesta a su injerencia una
rotunda negativa. En definitiva, es momento de apartar
intereses partidistas y dejar trabajar libremente a la
fiscalía a quien corresponderá decidir en relación a la
denuncia formulada por UDCE-IU-PSPC y por la propia Gestora
del Consejo, decretando la existencia de indicios
suficientes para iniciar el procedimiento judicial
correspondiente o su desestimación.
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