La Justicia ha declarado nulos un total de once contratos de
la empresa ‘Proyecto Joven’, entidad encargada del Centro de
Menores Infractores de la Ciudad. Así al menos lo indicó
ayer la diputada del Grupo Socialista, Celia Sarompas, que
informó de que más de la mitad de esos contratos
corresponden a familiares directos de miembros del Ejecutivo
local. Además, lamentó que los menores “estén siendo
tratados como un negocio”, máxime cuando el domicilio social
de ‘Proyecto Joven’ es el mismo del viceconsejero de
Juventud.
La diputada del Grupo Socialista, Celia Sarompas, informó
ayer de que la Justicia ha declarado la nulidad de la
contratación de 11 trabajadores realizada por la empresa
'Proyecto Joven', entidad encargada del Centro de Menores
Infractores de la Ciudad.
En rueda de prensa, la diputada socialista , que recordó que
'Proyecto Melilla' gestiona el Centro por "decisión
unipersonal" de la consejera de Bienestar Social, María
Antonia Garbín, dio a conocer que más de la mitad de esos
once contratos declarados nulos por el Juzgado de los Social
número 1 de Melilla corresponden a familiares director de
miembros del Gobierno de la Ciudad".
De hecho, en 2003 Garbín quitó en 2003 la gestión a Unesco
de los menores infractores para darle este servicio a
'Proyecto Joven', "una entidad nueva y sin experiencia,
creada tan sólo cuatro meses antes de la concesión de este
servicio".
"Negocio" con menores
Así, lamentó que los menores "están siendo tratados como un
negocio por parte del Ejecutivo local", máxime cuando el
domicilio social de 'Proyecto Joven' es el mismo que el del
anterior presidente de Nuevas Generaciones (NNGG) y
viceconsejero de Juventud, Jesús García. "Es una entidad muy
próxima, cercana y afín al Partido Popular (PP)", aseveró.
Sobre los contratos, Sarompas explicó que la Justicia los ha
declarado nulos por el incumplimiento del artículo 40 del
convenio colectivo, al no haberse efectuado convocatoria
pública previa, no haberse realizado la comunicación a los
trabajadores de la empresa y no constatar la participación
de representes de los trabajadores en el proceso selectivo.
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