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El Servicio Jesuita a Migrantes de España presentó ayer el
informe ‘Control democrático para la gestión de la Frontera
Sur’, un documento que desmenuza “el mapa real y no físico
de las fronteras del continente debido a las nuevas
políticas de control de la migración promovidas por la Unión
Europea” y en el que se exige a los eurodiputados que sean
elegidos en los proximos comicios que luchen por
“garantizar” en las fronteras “el espacio de libertad,
seguridad y justicia que deseamos”.
“La frontera española ya no está en Algeciras ni Canarias;
se ha desplazado al Sur, eso es lo que nosotros llamamos
Frontera Sur. Dedicamos al control fronterizo cuantiosos
recursos en dinero, medios técnicos y personal y los que
llegan son unos héroes. Hoy, el control se hace en los
países de tránsito. Ellos son los que hacen ese ingrato
trabajo y nosotros los que los financiamos y los formamos”.
La coordinadora del documento ‘Control democrático para la
gestión de la Frontera Sur’ que ayer presentó el Servicio
Jesuita a Migrantes de España, Cristina Manzanedo, puso ayer
en la picota la política de externalización de fronteras
que, en los casos de Ceuta y Melilla, por ejemplo, tantos
elogios merece hacia Marruecos.
“En España, el marco legal del extranjero incluye, por
ejemplo, el derecho a intérprete, a asistencia sanitaria si
hace falta, derecho a abogado; todo esto es el marco
jurídico que defendemos dentro de nuestros espacios y que no
existe fuera de nuestras fronteras”, denunció Manzanedo,
quien explicó en Madrid que con el documento la red de
entidades sociales vinculadas a la orden religiosa desea
“que nuestros representantes en el Europarlamento y la Unión
Europea en general se comprometan a garantizar los
estándares democráticos y jurídicos en los controles de la
inmigración”.
Igualmente, el Servicio Jesuita a Migrantes reclama “que se
defiendan los derechos de las personas migrantes en los
países de destino promoviendo la ratificación de la
‘Convención Internacional para la Protección de los derechos
de todas las personas trabajadoras migrantes y de sus
familias” y que la sociedad española sea consciente “de la
responsabilidad que nuestras políticas de migración y
cooperación tiene en esta realidad y demande a nuestros
respresentantes políticos que no tomen medidas que provoquen
la vulneración de derechos humanos en terceros países”.
Por todo ello la red de asociaciones demanda de los
representantes españoles en el Parlamento europeo “que
ajusten el discurso político sobre las migraciones africanas
a los datos de realidad y no a un imaginario social
distorsionado por los medios de comunicación” y que
intensifiquen su lucha contra las redes de trata y el
tráfico de seres humanos “haciendo énfasis en su
desarticulación dentro y fuera de las fronteras de la UE y
velando porque de ello no resulten perjudicadas las personas
más vulnerables”.
“Europa se define como un espacio de libertad, seguridad y
justicia, pero la situación actual de la población irregular
en España y las bolsas de población inmigrante en países en
tránsito no son espacios de seguridad, libertad y justicia,
sino de inseguridad jurídica y vulneración de los Derechos
Humanos”, concluyó el documento, que advierte de que
“estamos creando ciudadanos de segunda clase”
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informe
