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PORTADA DE HOY
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política - JUEVES, 7
DE MAYO DE 2009 |
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guillermo martinez. reduan. |
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reacciones
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Martínez dice que su
discrepancia con UDCE-IU en Procesa fue
“formal” |
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El
consejero asegura haber encargado un
dictamen para saber si es legal exigir que las
adjudicatarias de proyectos de la sociedad tengan
sede permanente en Ceuta
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CEUTA
Gonzalo Testa
ceuta@elpueblodeceuta.com |
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El Gobierno de la Ciudad “comparte” el espíritu de las dos
propuestas que UDCE-IU llevó el pasado viernes al Consejo de
Administración de Procesa para que en las obras vinculadas a
la Sociedad de Fomento se contrate a personas inscritas en
las oficinas locales del INEM en Ceuta y para que las
adjudicatarias de cualquiera de sus proyectos deban tener
una sede permanente en la Ciudad, pero duda de su viabilidad
legal.
El Partido Popular y UDCE-IU parecen estar de acuerdo en que
hay que buscar los límites de la ley para generar más empleo
y actividad económica en Ceuta. Lo que ocurre es que el
Gobierno entiende que los segundos pudieron traspasar lo
permitido al proponer en el Consejo de Administración de
Procesa del viernes pasado que la Sociedad de Fomento exija
que las contrataciones que se efectúen en sus obras se ciñan
a inscritos en las oficinas locales del INEM y que sus
adjudicaciones se limiten a empresas con sede permanente en
la ciudad.
“Votamos en contra por una cuestión formal, no de fondo”,
explicó ayer a los medios el consejero de Economía,
Guillermo Martínez, quien dijo haber encargado ya un
dictamen jurídico a la Secretaría General de la Ciudad
“sobre la oportunidad y legalidad” de ambas iniciativas, que
a su juicio “podrían vulnerar la libre competencia y la
libre circulación mercantil que consagra la Unión Europea”.
“Se les dijo que compartíamos el fondo y que si es viable
desde el punto de vista jurídico indudablemente vamos a
aplicar sus propuestas”, apuntó el consejero contrariado por
la crítica que el dirigió el partido de Aróstegui el lunes.
Además, Martínez tampoco dijo comprender por qué se llevó al
Consejo de Procesa una propuesta que, desde su punto de
vista, implicaba someter a “revisión” el acuerdo plenario de
julio de 2008 que dio a luz las ‘cláusulas sociales’ que
exigen que todo proyecto con más de 350.000 euros de
presupuesto o tres meses de ejecución incorpore la
contratación de un 10% de ceutíes en riesgo de exclusión.
“Modificar ese acuerdo, que establece que los contratados
deben ser parados de larga duración, víctimas de violencia
de género... no le corresponde al Consejo de Procesa sino al
Pleno de la Asamblea”, concluyó el titular de la Consejería
de Economía.
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Ali: “Sí pedimos discriminación, pero de índole positiva”
El portavoz de UDCE-IU en la
Asamblea, Mohamed Ali, no tuvo reparos en reconocer ayer a
través de un comunicado de prensa que las medidas que su
representante presentó en el Consejo de Administración de
Procesa el pasado vierenes ”efectivamente reclamaban la
implementación de acciones de discriminación... Pero de
discriminación positiva”. Según Ali dichas medidas están
“totalmente amparadas” en la Constitución española, la
doctrina y jurisprudencia y diversas directivas europeas.
“Atacar las medidas propuestas por nuestra formación usando
como argumento el hecho discriminatorio”, dijo Ali, “además
de carecer de fundamento, es ridículo, infantil y
contradictorio si recordamos que en el Pleno de julio de
2008 el Gobierno del PP asumió nuestras propuestas sobre las
‘cláusulas sociales’ y la ‘Red Empresarial de Compromiso
Social’, impregnadas del mismo espíritu de las enmiendas
presentadas en el pasado Consejo de administración de
PROCESA por los compañeros de UDCE-IU”, criticó.
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