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El Ministerio Fiscal tratará de esclarecer qué ha ocurrido
durante los últimos años en el Consejo de la Juventud de
Ceuta (CJCE) con su gestión económica. A tal efecto, según
informaron ayer a este periódico fuentes de toda solvencia
su intención es incoar dos procedimientos, uno por un
presunto delito de malversación de fondos a la Permanente
que dirigía Mariam Mohamed y otro, por una supuesta
prevaricación, contra las consejeras de Juventud y Sanidad,
Kissy Chandiramani y Adela Nieto.
La Fiscalía tiene previsto incoar en los próximos días
sendos procedimientos judiciales contra la última Comisión
Permanente del Consejo de la Juventud de Ceuta (CJCE) y
contra las consejeras de Juventud y Sanidad, Kissy
Chandiramani y Adela Nieto por los presuntos delitos de
presunta malversación de fondos y prevaricación,
respectivamente, a raíz de la denuncia que hace dos semanas
le hizo llegar el primer grupo de la oposición en la
Asamblea local, UDCE-IU, tras detectarse un agujero
económico superior a los 50.000 euros en la gestión del
organismo.
Según informaron fuentes de toda solvencia a este periódico
la intención del destacamento fiscal en la ciudad autónoma
es dividir la causa en dos procedimientos distintos después
de que UDCE-IU ratificase ayer lo apuntado en su denuncia,
donde señalaba que las “irregularidades” detectadas en la
gestión económica del Consejo podían “traspasar el ámbito
meramente administrativo y circunscribirse al penal”.
El Consejo de la Juventud de Ceuta suspendió la Asamblea
ordinaria que iba a celebrar el pasado mes de abril para
sustituir a la que había sido su presidenta desde 2005,
Mariam Mohamed, y al resto de su Comisión Permanente al
detectarse deudas en multitud de establecimientos privados,
la Seguridad Social y Hacienda por un montante de más de
50.000 euros. Estas últimas se elevan, con la Tesorería
General, a 27.360 euros, mientras que con la Agencia
Tributaria llegan a 10.348 euros y se remontan a 2005, según
dijo la Gestora.
El organismo se nutría exclusivamente de fondos procedentes
de la Administración local, con la que mantenía un convenio
con la Consejería de Juventud que le reportó el año pasado
55.000 euros para sus gastos generales y el funcionamiento
del ‘Ciber-Espacio Joven’ y otro con el departamento de
Sanidad, del que en 2009 iba a recibir 75.886 euros, según
la información a la que ha tenido acceso Europa Press, para
mantener una línea de información sexual.
El Ejecutivo ceutí ha mantenido desde que se conocieron las
deudas del Consejo que este es un “organismo autónomo” sin
ninguna vinculación directa con la Administración. En un
principio la Ciudad argumentó que las deudas con Hacienda y
la Seguridad Social, que según la Ley General de
Subvenciones impiden la concesión de cualquier subvención
pública, no se contemplaban como impedimento para entregar
ayudas en el Reglamento autonómico.
A juicio de UDCE-IU, sin embargo, el Gobierno local sería
“responsable” de no pedir “la regularidad de pagos de este
Consejo respecto de sus obligaciones fiscales y de los pagos
a la Tesorería General de la Seguridad Social, cosa que
exige la Ley y los convenios suscritos”.
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crisis en el consejo de la juventud
